La Asamblea Legislativa, por mayoría de votos, abrogó el Decreto 4461 de concesión de amnistía e indulto, observado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIE), que benefició a personas que participaron en los hechos de violencia de 2019; sin embargo, legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) afirman que, pese a ello, será difícil que se inicien procesos contra exautoridades.
La Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Presidencial No. 4571 que abroga el Decreto Presidencial No. 4461 por el que el presidente, Luis Arce, otorgó amnistía e indulto a todos los procesados por los hechos de violencia, tras el fraude electoral en las elecciones anuladas de 2019.
Durante el debate, el diputado oficialista Juanito Angulo señalo que el citado decreto, en primera instancia, buscó dar garantías todas las personas que enfrentaban procesos judiciales, tras su participación en los conflictos de 2019.
“Fue para garantizar los derechos y libertades que han sido vulnerados por un gobierno de facto, que han establecido las diferentes instancias de carácter internacional, como el informe del GIEI”, indicó.
Para la senadora Cecilia Requena (CC), la aprobación de referido decreto debe interpretarse como una traba, para que a futuro el MAS analice bien un nuevo intento promover otro indulto.
“Es una aprobación más formal que, sin embargo, deja al Gobierno sin autoridad moral para incurrir en la discusión de otro tipo de decreto supremo, como aquellos que generan inmunidad, en ciertos niveles”, dijo.
Señaló que CC se opuso desde el principio a la aprobación del decreto de indulto y amnistía, por beneficiar con impunidad a ciudadanos que participaron en actos de violencia el 2019, por lo que es de destacar que posteriormente el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) les haya dado la razón.
“En los casos en que este decreto haya sido aplicado, será difícil revertir esa decisión, por otra parte hay resultados legales importantes, como cuando un decreto puede ser utilizado en una cuestión más favorable para los imputados”, manifestó Requena.
Por otra parte, señaló que los efectos reales de la abrogación del decreto serán mínimos, considerando que en el país no existe un sistema judicial probo que genere justicia de forma equitativa para todos.
Entre las observaciones y recomendaciones del GIEI, se señala que: “El Estado tiene el deber de impedir que procesos penales injustos puedan avanzar, pero un diagnostico que pruebe que ello paso, exclusivamente durante el gobierno interino de Añez no es exacto, las violaciones al debido proceso pueden haber ocurrido también en etapas previas al gobierno interino o con posterioridad a él”, dijo.
El uso que se le ha dado históricamente a las amnistías –dijo– se han caracterizado por la búsqueda de impunidad antes que alcanzar justicia, una realidad que se presentó sobre todo en América Latina.
“Las amnistías están históricamente conectadas con la idea de impunidad, especialmente, en America latina, su uso está relacionado con situaciones políticamente controvertidas, con violaciones a los derechos humanos, que suelen perjudicar la relación de la verdad y el castigo a los responsables, por lo que es fuente de desconfianza y puede perjudicar la reconciliación. En el caso concreto de este decreto, esa desconfianza pude ser mayor debido a la adopción de este texto, luego de un procedimiento sumario de discusión y aprobación en la asamblea nacional, lo cual ha impedido un debate público del texto y la búsqueda de soluciones concertadas para superar problemas resultantes del déficit de autonomía del poder judicial y de la fiscalía en Bolivia”, reflexionó.