El paro de actividades fue descartado en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde se movilizarán miles de trabajadores gremiales para exigir la abrogación de la llamada “ley madre” o la normativa 1386 que dio vida a la Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. A estas protestas se sumarán, en el caso de La Paz, los llamados “cuentapropistas” y transportistas que ven riesgos en la aplicación de la observada ley.

Francisco Figueroa, dirigente de los gremialistas del país, confirmó que las movilizaciones comenzarán a las 8:00 tras un fallido acercamiento que sostuvo con el Gobierno. “Las explicaciones no han sido convincentes, porque nosotros hemos pedido, con el respaldo de una asamblea, la abrogación de la ley 1386”.

El dirigente señaló que por efecto de las protestas “van a estar los mercados cerrados” en las principales ciudades del país. Anticipó que “habrá bloqueos” y una marcha que prevé que será multitudinaria como antesala de una “cumbre” en la que el sector analizará otras determinaciones con el apoyo, según anticipó, de “choferes, microempresarios, cooperativistas, médicos y maestros”.

“Queremos que se anule la ley 1386 y después, entre todos los sectores, vamos a ayudar al Gobierno que haga una ley para los bolivianos, que no sea extorsionadora y que cumpla con el Estado y con el pueblo boliviano”, afirmó el dirigente que estuvo en Santa Cruz para coordinar las protestas.

Este sector, que aglutina a unos 500.000 afiliados en todo el país, había dado un ultimátum para que el Ejecutivo deje sin efecto la ley 1386, un plazo que se venció ayer. Ante esta advertencia, el Gobierno se movilizó y se acercó a varios sectores para explicar los alcances de la norma observada y, de ese modo, desactivar estas movilizaciones de protesta.

El dirigente gremial Juan Carlos García, que se reunió el martes por la noche con la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, rechazó la convocatoria emitida por Figueroa y aseguró que los pequeños comerciantes no pueden parar porque “si en un día no hay venta, será un día no comido”.

García señaló que la protesta de hoy es “política” y dijo que ha existido mucha desinformación por la ley 1386. Su sector, afirmó, levantó el estado de emergencia la semana pasada cuando el Gobierno retiró el proyecto de ley 218 que establecía el fortalecimiento de las prerrogativas de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y ajustaba el Código Penal en función de la persecución penal del lavado de activos.

Otro sector que se movilizará este jueves es la Coordinadora Departamental de La Paz que reúne a profesionales de varios sectores, artesanos y llamados “cuentapropistas”. José Luis Álvarez, dirigente de esta organización, señaló que su movimiento no tiene que ver con el MAS ni con “los sectores de derecha”. “No vamos a aceptar que los cívicos nos usen como escalera”, remarcó el activista.

En Santa Cruz, los gremiales no dejarán de vender, pero sí protestarán. El secretario ejecutivo de la Federación departamental de Gremiales, Edgar Álvarez, confirmó que saldrá a marchar para exigir la derogación de la ley, pero especialmente contra el punto nueve del anexo que establece que “sin contemplar la problemática, causas y condiciones de la informalidad, podría desalentar la formalidad en sectores económicos pequeños que sí invierten dinero obtenido legalmente”.

Álvarez asegura que con la norma los gremialistas serán supervisados por la UIF y “que van hacer un tipo censo para ver cuánto son los del sector” con el propósito de ejercer un mayor control sobre las actividades de la sociedad. “Vamos a comenzar con las movilizaciones el jueves. No vamos atender en su totalidad, porque las 10 federaciones (de comerciantes) saldrán a las calles”, afirmó, pero sin descartar la posibilidad medidas más drásticas como un paro. “No está descartado, porque estamos socializando el problema; todos creían que se resolvería con el retiro de la Ley de Ganancias Ilícitas, pero no es así. Esto recién comienza”, dijo el dirigente.

El representante gremial de Cochabamba, César Gonzales, anunció que desarrollarán una marcha de protesta en la ciudad “con el respectivo cierre de mercados”, de acuerdo con las resoluciones asumidas el sábado por la organización nacional.

El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, señaló que si los sectores insisten con las protestas a pesar de la apertura al diálogo del Gobierno existe el interés de generar convulsión. “Ha ganado la desinformación y esa desinformación es intencionada para generar problemas, de generar movilizaciones y convulsiones. Eso es lo que estamos identificando”, remarcó Cox.

En Potosí, el presidente del sindicato de transporte 16 de Noviembre, Jesús Oros, informó que su sector acatará el paro de actividades de 48 horas instruido por el Comité Comité Cívico Potosinista (Comcipo) porque “esa ley puede promover nuevas medidas para controlar los bienes”. En el caso de los gremiales, este sector optó por no plegarse a las protestas.

Los campesinos potosinos también anunciaron su rechazo al paro al que calificaron de “político”.