El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, instó a los sectores en conflicto a dialogar sobre la ley de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo y afirmó que no corresponde ultimátum.

El legislador consideró que es legítima la preocupación de quienes tienen observaciones al documento, sin embargo, señaló que es “importante aclarar” los cuestionamientos mediante un diálogo con el Ejecutivo.

“No podemos actuar bajo presiones, es importante escuchar, lo que ellos plantean, lo que ellos proponen en torno a este proyecto de ley que está sancionado, promulgado; es importante entrar en un espacio de diálogo entre el sector y por supuesto con el Ejecutivo”, sostuvo.

Desde este jueves los transportistas y gremiales anunciaron una serie de medidas de presión como marchas y paro de actividades para exigir la abrogación de la Ley 1386, después de haber sido dejado sin efecto un proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

“La ley ya está promulgada y entonces, no corresponde al Legislativo si se puede promulgar o modificar, está en vigencia y eso depende del Ejecutivo”, añadió Rodríguez.

El Gobierno descartó que en la Ley 1386 se establezca algún tipo de sanción en contra los sectores que rechazan la norma y aseguró que solo es de coordinación interinstitucional.

Lamentó que desde la oposición se busque convulsionar en un momento delicado para el país.

Santos Quispe

Como “ley maldita”, así calificó el gobernador de La Paz, Santos Quispe, a la norma que hace referencia a la Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y se sumó al pedido de su abrogación.

“Esa ley es una ley maldita que solo beneficia al Gobierno, pero no beneficia al pueblo. Esta ley ya podía consultar a la población, podría traer a todos los dirigentes, conversar, analizar, pero nada; esa ley solo se ha analizado por el Gobierno por eso el rechazo y nosotros también vamos a querer la anulación de la ley”, afirmó la autoridad consultado al respecto.

“Nosotros queremos la anulación de esa ley porque perjudica a todos los hermanos y hermanas que trabajan cada día, los paceños trabajamos, nos sacrificamos con lo cual toda la población siempre va a estar en contra de esa ley”, sostuvo Quispe.

Desde el Gobierno, añadieron que existe “confusión” en los sectores que anuncian movilizaciones y aseguraron que la norma solo es de coordinación interinstitucional y no establece ningún tipo de sanción a ninguna persona.