El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó ayer su preocupación por las "irregularidades" que presenta el controvertido proyecto de carretera a través del Parque Nacional Isiboro Sécure, al que los indígenas de la zona se oponen desde hace más de una década.

En su tercer informe periódico sobre la situación socioeconómica de Bolivia, el comité insta al Estado boliviano a "adoptar medidas que garanticen la integridad del territorio indígena del parque nacional", también conocido con el acrónimo de Tipnis.

En un marco más general, el comité, formado por 18 expertos independientes y que revisa periódicamente la situación de los países firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pide que los pueblos indígenas sean consultados ante este tipo de proyectos.

"Al comité le preocupa que no se aplique de forma generalizada el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa en decisiones que les puedan afectar, incluyendo proyectos mineros, de hidrocarburos y de infraestructura", destacó el informe, adoptado tras revisar la situación de Bolivia los pasados 5 y 6 de octubre.

La carretera, uno de los proyectos más controvertidos iniciados por el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), busca unir los departamentos de Cochabamba y Beni, pero partiría en dos la reserva que hay en la frontera entre ambas divisiones administrativas.

En ese parque viven unos 14.000 indígenas de las etnias trinitaria-mojeña, yuracaré y chimán en comunidades dispersas.

AVANCES

El informe de la ONU en general ve mejoras sociales de Bolivia en torno a cuestiones como la reducción de la pobreza o la desigualdad, aunque ve todavía la necesidad de proteger mejor a colectivos discriminados como los indígenas, las mujeres, los migrantes o las personas LGBTI, entre otros.

Por ejemplo, en el caso de la educación, el comité reconoce que Bolivia ha avanzado en la adopción de currículos educativos regionales para los indígenas, aunque algunos de ellos todavía no se han beneficiado de estas políticas, como los pueblos joaquiniano, cayubaba o itonama.

Sobre otros asuntos, el comité expresa su preocupación por las "evidencias de falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público" en la investigación de posibles violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas de 2019, que forzaron la dimisión y salida del país de Morales.