La presión de los gremialistas contra la Ley de Estrategia contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas se mantiene, pero no con la misma fuerza de hace unos días. Uno de los sectores de los comerciantes minoristas se reunió con autoridades del Ejecutivo para hablar sobre el tema, y otros ratificaron que volverán a las calles desde hoy, según el portal Urgentebo.

Este miércoles venció el plazo para que el Gobierno abrogue la Ley 1386. El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Gremiales de El Alto, Toño Siñani, confirmó que este jueves y viernes irán al paro exigiendo la abrogación de la Ley 1386. Y anticipó que este viernes tendrán nuevas reuniones para ver medidas más radicales porque “el gobierno nos está haciendo mucho daño”.

“En La Paz solo habrá movilizaciones por el tema de la feria 16 de Julio y en el resto del país movilizaciones y bloqueos”, advirtió Siñani.

Mientras que el dirigente gremial cruceño Édgar Álvarez descartó que cumplan con el paro, aunque confirmó que protagonizarán una marcha. Y este jueves (hoy) tomarán definiciones contra la ley, si es que no es abrogada.

TRASFONDO POLÍTICO

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, aseveró ayer que los anuncios de paro contra la Ley 1386 solo pretenden generar movilizaciones y convulsiones.

“Lo que aquí ha ganado es la desinformación y esa desinformación parece que es intencionada, hay una intención de generar problemas, de generar movilizaciones y convulsiones, (…) buscan impunidad”, dijo Cox en entrevista con radio Éxito.

Aseguró que detrás de estas movilizaciones están dirigentes de oposición que pretenden “impunidad” por los hechos de violencia en el gobierno de Jeanine Áñez y lamentó que algunos sectores sigan la misma narrativa.

Por su parte, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, denunció que el paro anunciado por algunos sectores sociales es promovido por dirigentes políticos que buscan desestabilizar al Gobierno, reportó ABI. 

En contacto con Red Uno, explicó que esa ley aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), sancionada y promulgada, no afecta “absolutamente” a nadie de los sectores que actualmente se movilizan, que son los gremiales, transportistas y mineros.

 “Esta ley fue tratada en abril en la Asamblea Legislativa Plurinacional, han pasado seis meses y nos preguntamos dónde estaban los senadores (y) los diputados de la oposición para denunciar que esta ley es atentatoria contra los gremiales, contra los transportistas o mineros”, cuestionó.

A su turno, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, calificó de “ley maldita” a esta norma y se sumó al pedido de su abrogación.