La Asamblea tratará este jueves la abrogación del Decreto Supremo 4461, que estableció amnistía e indulto y fue criticado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), porque benefició a afines del MAS durante la crisis de 2019. 

Los opositores dicen que la abrogación confirma que el MAS lo utilizó como un instrumento de impunidad y que su anulación generará responsabilidad penal en contra del mandatario Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca. El Gobierno garantizó que ni Evo ni alguna exautoridad o persona implicada en los hechos de ese año recibió indulto.

El 20 de noviembre de 2019, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó ante la prensa un video, en el cual se escuchaba un diálogo entre Evo Morales, que en ese tiempo se encontraba en México, y el dirigente cocalero Faustino Yucra. En esa conversación, el exmandatario hablaba de cercar las ciudades y evitar que ingresen alimentos, cuando el país vivía una situación de convulsión social.

Dos días después, el 22 de noviembre, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dispuso la apertura de una investigación penal por los delitos de sedición y terrorismo contra Morales y Yucra. Con el retorno del MAS, el caso quedó en nada.

Otro caso es el de Facundo Molares, quien participó en 2019 en los hechos violentos de Montero. En esa ciudad varias personas se sumaron al paro cívico y fueron atacados por gente armada afín al Movimiento Al Socialismo (MAS). Producto de este hecho los ciudadanos Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra perdieron la vida por impactos de bala. Molares ahora está libre, e incluso una asambleísta opositora denunció que tiene un cargo en la Embajada argentina, lo que fue negado por la delegación diplomática.

Cuando se presentó el Decreto 4461, en febrero de este año, el mismo oficialismo anunció que el expresidente Evo Morales y al menos otras 1.000 personas “perseguidas” durante el gobierno de la exmandataria Jeanine Áñez se iban a beneficiar.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, confirmó entonces que entre los beneficiados se encontraba el expresidente Evo Morales, a quien se buscaba liberarlo de los procesos penales que tenía en la Justicia.

“Por supuesto (se incluye a Evo Morales), todos los que han sido acusados sin ningún motivo. Hasta el momento ya es más de un año que no se encuentra ninguna prueba, ni cargo penal; pero bueno, siguen con ese perjuicio de ir a firmar, algunos con detención domiciliaria”, sostuvo.

El GIEI, en su informe, señaló que “desde un punto de vista material, una amnistía o indulto puede interferir negativamente en la obtención de la verdad y la promoción de justicia. La amnistía no es, en principio, un buen instrumento. Es una medida asociada a la impunidad y a la obstrucción del esclarecimiento de la verdad y puede ser inadecuada para atender a la finalidad de revisar la situación de personas procesadas sin respeto a su derecho al debido proceso legal".

El decreto que será abrogado señala que se concede amnistía e indulto por razones humanitarias para las personas que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno transitorio, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro de la crisis política institucional del Estado acaecida entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.

El presidente Arce, durante el acto de entrega de las recomendaciones del GIEI, anunció la abrogación del Decreto Presidencial 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto de febrero de 2021.

El constitucionalista Franz Barrios señaló que ya en febrero, cuando se expidió el Decreto de Amnistía, “habíamos advertido que el mismo no podía beneficiar a Evo Morales. Ya que para entonces se conocía que Morales era procesado en Bolivia por terrorismo, financiamiento al terrorismo, estupro y otros; y por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya, respectivamente”.

Pero complementó que ahora que el decreto será abrogado, “si alguno de sus procesos penales en Bolivia estuviera procesalmente activo (es decir si no lo hubieran “exonerado” sin que trascendiera públicamente), podrá ser perseguido al día siguiente que opere la abrogación”.

Por otro lado, advirtió que, cuando la abrogación sea efectiva, “generará responsabilidades (delitos como resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, entre otros) a la propia cabeza de la Asamblea, el vicepresidente David Choquehuanca, y al Ejecutivo, dirigido por Luis Arce Catacora,” por haber tratado y expedido el decreto”.

Advirtió que el hecho se agrava porque personas mayores de 60 años, con impedimentos físicos, una cantidad de hijos a su cargo no se podrán beneficiar con el indulto, porque será abrogado. “Este universo de personas podrían verse afectadas, si acaso a la fecha existieren trámites pendientes de concesión de la amnistía decretada en febrero. Ya que el proyecto de Decreto abrogatorio no contempla “salvedad alguna”.

De hecho, la bancada de Creemos presentó este miércoles por la mañana varias peticiones de informe escrito para conocer la lista de personas que fueron beneficiadas con la amnistía e indulto.

El diputado Erwin Bazán advirtió que “este caso puede ser motivo de juicio de responsabilidades. Nos opusimos por su inconstitucionalidad en varios aspectos. Puede generarse responsabilidad penal para el presidente, por supuesto que sí”.

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, manifestó que “es un reconocimiento explícito del Gobierno, de que ha generado un decreto de impunidad, contrario a la CPE, y por eso fue observado por el GIEI. Por ello, genera consecuencias. Habrá que evaluar cuándo será oportuno plantear un juicio de responsabilidades, porque los jueces, los fiscales están a favor del MAS, y la Asamblea tiene mayoría de ese partido.

Gobierno

De hecho, el canciller Rogelio Mayta aseguró en agosto que nadie había sido beneficiado con la amnistía en función a dicho decreto.

La directora nacional de Defensa Pública, Marcela Siles, informó a EL DEBER que “se abrogará un decreto por el que concedimos amnistías o indultos a varios grupos de la sociedad. Una de ellas fue los casos que se determinó en esa época de transición (2019) donde se vulneraron los derechos de las personas. Comúnmente nosotros les decimos políticos. De esos, debo decirle que no hemos otorgado ninguno. Se hizo el relevamiento de todas las direcciones departamentales, y esa es la conclusión relacionada con ese aspecto”.

Aclaró que “en ninguna parte del decreto se habla del numeral I del artículo quinto como ‘temas políticos’, ya los conocimos así como una forma de catalogarlos”