Apenas diez días han pasado desde que la administración del presidente Luis Arce afrontó su primer paro cívico nacional y hoy, jueves, debe soportar nuevas movilizaciones de protesta por una ley, esta vez en plena vigencia, contra la legitimación de las ganancias ilícitas.

Al parecer, los sectores sociales que se encuentran movilizados no están dispuestos a transigir en este tema, sobre todo después de lograr que el Gobierno retirara el proyecto de Ley 218, que fijaba el alcance del lavado de activos y establecía modificaciones al Código Penal sobre el delito de terrorismo y la financiación del terrorismo.

Potosí es el departamento más aguerrido en este momento, con relación al movimiento cívico nacional, debido a que inicia un paro de 48 horas mientras que para el resto de los departamentos se esperan, sobre todo, marchas. Habrá que esperar al final de la jornada para saber si hubo acatamiento total o parcial en la Villa Imperial y, también, cuánto se hacen escuchar los sectores que acompañan a los cívicos en otras regiones.

Gremiales, transportistas y cooperativistas han tomado la batuta de estas movilizaciones seguramente inesperadas por el Gobierno, tratándose de sectores que históricamente solían alinearse a las disposiciones de los denominados movimientos sociales, afines al MAS.

En este punto cabe la reflexión de que cualquiera sea la medida que afecte a toda o una parte de la población, sin importar si esta simpatiza con el gobierno de turno, provocará el rechazo y, para revalidar una antigua costumbre bien nacional, motivará seguramente protestas callejeras o incluso paros, como es el caso del convocado en Potosí.

En Chuquisaca, en cambio, no se han anunciado respuestas similares a las del resto del país. Es el único departamento donde no se esperan movilizaciones por decisión del Comité Cívico liderado por Roger Amador, luego de que él mismo confirmara que a nivel nacional se había dejado a cada comité decidir sus medidas de presión.

Curiosamente, la flamante secretaria ejecutiva de la Federación de Gremiales 12 de Octubre en Sucre, Silvia Cruz, dijo estar recién interiorizándose del manejo de su organización, por lo que, a diferencia de sus pares de otras regiones del país, su sector no saldría a protestar este jueves en contra de la mencionada norma legal.

En general, se anuncian grandes marchas en las ciudades del eje central y, no es difícil adivinar cuáles serán las reacciones de los políticos del oficialismo y de la oposición. Con seguridad volverán a desplegar el libreto que unos y otros siguieron al día siguiente del paro cívico antes referido. Así pasa en las sociedades altamente polarizadas como la nuestra.

Recordemos que los cívicos, apoyados por varios sectores, principalmente transportistas, gremiales y cooperativistas, piden la abrogación de la 1386, considerada la “ley madre” de la de Legitimación Contra las Ganancias Ilícitas que fue retirada del Legislativo. El Gobierno, a través del viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, advirtió que buscan “convulsiones” en el país.

Más allá de toda interpretación, lo cierto y evidente es que el presidente Arce está sufriendo en carne propia lo que antes pasaba con los antecesores de Evo Morales, es decir, la manifestación pública de rechazo a políticas antipopulares.

No son pocos los bolivianos que piensan que con la referida ley, un gobierno —este o el que fuera—, a título de combatir contra la legitimación de ganancias ilícitas, podría atribuirse la libertad de perseguir y amedrentar, de incurrir en el abuso de poder.

Resulta también curioso que entre los más contrariados estén los trabajadores informales, pertenecientes a grandes sectores económicamente activos, desde siempre identificadas con el gobierno del MAS. Desde el MAS, precisamente, hay llamados al diálogo, pero no todas las autoridades se muestran igual de abiertas a la concertación. Y algunos dirigentes de los movilizados ya adelantaron que primero se debe abrogar la resistida ley y después podrían sentarse a dialogar.

Este capítulo de una nueva discrepancia de sectores de la sociedad civil con su gobierno aún se encuentra abierto y da para pensar en que apenas está comenzando.