Medio: El Diario
Fecha de la publicación: jueves 21 de octubre de 2021
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Marchas, bloqueos, paros y otros
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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Representantes de las plataformas por la defensa de la democracia y el
Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) anunciaron que se sumarán
a las medidas de presión convocadas por cuatro sectores que rechazan la Ley
1386 y exigen que esta norma sea abrogada por el Gobierno.
El activista por la democracia, Guillermo Paz, informó que en una reunión, donde asistieron representantes de las plataformas y organizaciones ciudadanas, en coordinación con el Conade, se determinó apoyar la movilización de los gremiales y otros sectores, programada para la presente jornada.
Señaló que se espera que sectores de profesionales, se sumen a la
movilización para hacer conocer el rechazo de la población a estas leyes que se
intentan imponer desde el Gobierno.
“Las plataformas ciudadanas hemos tenido una reunión en coordinación con el Conade y estamos convocando a los colegios de profesionales para nos concentrarnos en puertas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, para salir en una marcha y unirnos al resto de los sectores que han llamado a movilizaciones, en rechazo a las leyes cuestionadas”, manifestó el activista.
Agregó que la peligrosidad que representa el conjunto de normas propuesta
por el Gobierno para los derechos ciudadanos, hacen que también grupos y
sectores que fueron afines al gobierno, salgan a rechazar la ejecución de estas
leyes.
“El presidente debe escuchar a la población, sectores que eran afines al
Movimiento al Socialismo están en desacuerdos con estas leyes; el Gobierno debe
darse cuenta que está sacando leyes que no gozan de la confianza y afectan a la
población”, manifestó Paz.
Por otra parte, indicó que el presidente Luis Arce debe considerar el
cambio de algunos ministros, porque le están haciendo mucho daño a su gestión.
Para el diputado oficialista, Juanito Angulo, los anuncios de
movilizaciones responden a una táctica de la oposición, para provocar el
desgaste en la gestión de gobierno, “pues las normativas cuestionadas no
atentan contra los derechos de la ciudadanía, como se denuncia desde grupos de
la derecha. Estas acciones tienen móviles políticos, con el fin de desgastar al
gobierno y buscar impunidad para los hechos cometidos durante el golpe de
Estado de 2019”, afirmó el parlamentario.