El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación  por “la falta de independencia y de autonomía”, de la justicia en Bolivia durante la crisis de 2019. En un informe, emitido ayer, advirtió además “irregularidades”, en el proyecto carretero en el Tipnis.

En su tercer informe periódico sobre la situación socioeconómica de Bolivia, el comité expresó su preocupación por las “evidencias de falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público” en la investigación de posibles violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas de 2019, según un reporte de EFE desde Ginebra, donde se encuentra la sede de la ONU.

El informe de la ONU en general ve mejoras sociales de Bolivia en torno a cuestiones como la reducción de la pobreza o la desigualdad, aunque advierte  la necesidad de proteger mejor a  colectivos discriminados como los indígenas, las mujeres, los migrantes o las personas Lgbti, entre otros.

En el caso de la educación, el comité reconoce que Bolivia ha avanzado en la adopción de currículos educativos regionales para los indígenas, aunque algunos de ellos todavía no se beneficiaron de estas políticas, como los pueblos joaquiniano, cayubaba o itonama.

En materia fiscal, el comité señala que ante la desigualdad  debe adoptarse un sistema tributario  progresivo y con un menor peso de  impuestos indirectos.

El órgano de la ONU también mostró dudas por las condiciones de seguridad de los defensores de derechos humanos en el país. Consideró también que la Defensoría del Pueblo de Bolivia en ocasiones es obstaculizada en el desarrollo de sus funciones.

Sobre el Tipnis

El comité manifestó además  su preocupación por las “irregularidades” que presenta el controvertido proyecto de la carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), en contra del  cual los pueblos originarios realizaron una marcha en 2011.

La organización instó al Estado boliviano a “adoptar medidas que garanticen la integridad del territorio indígena”.

En un marco más general, el comité, formado por 18 expertos independientes -que revisan periódicamente la situación de los países firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-,  pide que los pueblos indígenas sean consultados ante estos proyectos.

“Al comité le preocupa que no se aplique de forma generalizada el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa en decisiones que les puedan afectar, incluyendo proyectos mineros, de hidrocarburos y de infraestructura”, destaca el reporte internacional, adoptado tras revisar la situación de Bolivia el 5 y 6 de octubre.