Lo que mal empieza mal acaba. Y ese es el caso del paquete de leyes que el gobierno de Luis Arce impulsa en el Legislativo y que, por falta de consenso, retrocede en vez de avanzar.

Primero fue el proyecto de Ley 218 contra la legitimación de ganancias ilícitas, que tuvo que ser retirado, pese a que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados, debido a la fuerte presión de diversos sectores de la sociedad que veían en él un intento más de persecución de parte del gobierno.

Ahora, la tensión regresa porque los gremialistas y los transportistas, dos sectores poderosos por su capacidad de convocatoria y que son (o eran) afines al MAS, anuncian protestas para exigir la derogatoria de la Ley 1386 (conocida como la “ley madre”), que pone en vigencia la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo (LGI/FT). El punto es que esta norma ya está en vigencia y no es solo un proyecto, como la anterior.

La ley en cuestión amplía los poderes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y, lo que más preocupa a los sectores populares, es que pone el foco en las actividades informales, como fuente de legitimación de ganancias ilícitas.

En el anexo de la norma, donde está contenida la estrategia, establece que se conformará “una comisión para desarrollar un diagnóstico del sector informal que permita identificar la magnitud de actividades informales y su incidencia en los riesgos de LGI/FT en ese sector”.

Frente a los anuncios de protestas a partir de este jueves, el gobierno ha recurrido al Pacto de Unidad, que agrupa a los sectores más fieles al MAS y que se ha declarado en alerta ante lo que ellos denominan “intentos desestabilizadores”.

Sin embargo, hay que hacer notar que, si hubiera alguna confrontación, esta vez será entre sectores populares, porque los bloques cívicos solo anunciaron su respaldo a las medidas y no dispusieron ninguna en concreto. Hay que recordar que en el paro cívico desarrollado la semana pasada, los grupos de choque del MAS salieron a combatir a los manifestantes de clase media, los que terminaron arrinconados, pero la situación ahora puede ser diferente porque será el MAS contra el MAS en las calles.

El gobierno tendría que medir muy bien sus pasos si no quiere terminar arrinconado por sus propias bases. Sus proyectos de ley, no solo éstos, sino otros que en su momento fueron detallados en éste y otros espacios, buscan la concentración del poder y son signos de un gobierno que toma la senda autoritaria.

Lo que le hace falta a Luis Arce es más diálogo, menos imposición; más concertación, menos confrontación. Con sacar a sus grupos de choque no resuelve el problema, solo lo profundiza.