El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, aseveró este miércoles que el paro anunciado por sectores sociales para el jueves en contra de la Ley 1386 es promovido por dirigentes políticos que buscan desestabilizar al Gobierno.

En contacto con Red Uno, explicó que esa ley aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), sancionada y promulgada, no afecta "absolutamente" a nadie de los sectores que actualmente se movilizan, que son los gremiales, transportistas y mineros.

"Esta ley no afecta a esos sectores de ninguna manera, pero están siendo utilizados por dirigentes que no representan intereses de estos sectores, son dirigentes que representan intereses de una corriente política golpista que existe en nuestro país y que está buscando desestabilizar al Gobierno del presidente Luis Arce", lamentó.

Señaló que dicha normativa posiblemente afecte a quienes se dedican al narcotráfico, a la trata y tráfico de personas, falsificación de dinero, corrupción, contrabando, entre otras actividades ilícitas.

"Pero no (a) los gremialistas, no (a) los mineros, no (a) los transportistas que trabajan 16, hasta 20 horas para ganarse su platita bien habida; esta ley, no afecta a esos sectores de ninguna manera", reiteró.

"Esta ley fue tratada en abril en la Asamblea Legislativa Plurinacional, han pasado seis meses y nos preguntamos dónde estaban los senadores (y) los diputados de la oposición para denunciar que esta ley es atentatoria contra los gremiales, contra los transportistas o mineros", cuestionó.

Pidió a los dirigentes políticos, que amenazan con movilizaciones, que hagan saber cuáles de los siete artículos de la norma afecta a estos sectores; asimismo, lamentó que se promueva desinformación respecto a la normativa.

El domingo, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, reiteró la invitación al diálogo a sectores que activaron un estado alerta en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, e insistió en que un paro ocasionaría una pérdida económica para el país de 112 millones de dólares por día.