Con su última sentencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sentó jurisprudencia sobre el procedimiento y las condiciones que debe cumplir la renuncia de una autoridad electa para que sea considerada como válida, de acuerdo con dos abogados, lo que beneficiará a los planes del Gobierno, según uno de ellos, en su intención de imponer la teoría de que en Bolivia hubo un “golpe de Estado” en 2019.  

Para el analista y abogado Germán Gutiérrez, lo que hizo el TCP, que sentenció que la sucesión ipso facto no se aplica en el caso de las cámaras de Diputados y Senadores, es “señalar cuáles son las reglas, las subreglas de lo que debe ser una renuncia”, en referencia al caso de la exdiputada Susana Rivero, que renunció por Twitter en las crisis de 2019.

“El TCP, en sus análisis, dice esa renuncia no es válida, porque no cumple con las formalidades correspondientes (...) Parecería ser una sentencia, más o menos, razonable y hasta inocente, pero el tema no queda ahí. Lo que están queriendo hacer, utilizando al TCP, si aplicamos estas reglas, que tienen un carácter vinculante y genérico para todos, es (sentar) una especie de jurisprudencia (...) Lo que quieren demostrar es que, en futuras renuncias, se tiene que aplicar los mismos mecanismos”, señaló Gutiérrez.

El expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera tampoco renunciaron de manera formal ante la Asamblea, como señala la sentencia del TCP. “Por lo tanto, podríamos concluir que la renuncia del señor Evo Morales no es válida, porque no se cumplió con las formalidades, ni la renuncia el señor Linera (...) Al no haber renuncias aceptadas y oficiales que activen la sucesión constitucional, lo que hubo, en el fondo, fue un golpe de Estado. Y ese es el razonamiento que está expresando el Gobierno”, advirtió el jurista chuquisaqueño.

En ese sentido, reiteró que “las sentencias tienen esas condiciones: pueden ser aplicadas en general, generando la jurisprudencia a otros temas”. “Y el TCP está adelantando su criterio, en sentido de que las renuncias debe cumplir con esas formalidades (...) Entonces, yo creo lo que el Gobierno está haciendo con esta inocente sentencia es seguir avanzando en su criterio del golpe de Estado”, concluyó.

El abogado Luis Arancibia, en una entrevista con el oficialista Radio Kawsachun Coca, expresó algo parecido. Dijo que  la sentencia del TCP “marca un precedente importantísimo para nuestro país”. Primero, “lo que hace esta sentencia es dejar en claro que no existe renuncia, si previamente no hay voluntad de la persona que está renunciando”, explicó. “Es decir, rechaza estas renuncias que se dieron durante la crisis de octubre y noviembre de 2019; rechaza las renuncias, cuando las autoridades que renuncian lo hacen por la fuerza”, agregó.

Segundo, señala cuál debe ser el procedimiento, que ya está establecido en la norma, indicó el abogado. “Por lo tanto, si el procedimiento no se ha cumplido, la renuncia no tiene validez”, explicó. 

En el caso de Jeanine Áñez ese procedimiento no se cumplió, agregó. Por lo tanto, su asunción como presidenta del Senado “fue absolutamente ilegal”, concluyó Arancibia.

Además, señaló que el TCP marcó jurisprudencia con ello y “cerró un candado”, una “ventana que estaban entreabierta”, que pudo volverse a abrir en cualquier momento.

“ESTÁ CHAPALEANDO”

Al respecto, el exalcalde paceño Juan del Granado dijo ayer que el Gobierno “sigue chapaleando en esto del golpe”, “enfangándose” en ello, “que, al parecer, se ha convertido en una especie de taparrabos, para ocultar la desnudez gubernamental, respecto a su visión programática gubernamental”. 

“El mandato que recibió el presidente (Luis) Arce hace un año está claramente referido a la pacificación del país, a la concertación, como mecanismo básico, como escenario imprescindible, para encarar las urgentes tareas, en torno a la crisis sanitaria y en torno a la crisis económica”, señaló.

Del Granado, en esa línea, dijo que, “en lugar de alentar escenarios de concertación y de diálogo”, el Gobierno está en la línea “de mantener e, incluso, agudizar la polarización política y social”. “Esto le hace un enorme daño ya no solamente al Gobierno, sino al conjunto del país”, lamentó.

“Estamos reiterando lo que se hizo, la visión autoritaria del gobierno del MAS anterior, de dominación desde el gobierno sobre la sociedad, y, por supuesto, esto nos va a llevar, más temprano que tarde, a otros momentos de confrontación que no queremos, no debemos repetir los bolivianos”, advirtió. 

SENTENCIA

El TCP resolvió un caso de la exdiputada Margarita Fernández, que reclamó la presidencia de Diputados por sucesión ipso facto. El TCP resolvió que ello no se aplica en el caso del Legislativo.

El TCP reconoció a Áñez en 8 autos

Alaín de Canedo, abogado de la expresidenta Jeanine Áñez, afirmó ayer que la exmandataria envió al TCP al menos ocho consultas relacionadas con normas con las que no estaba de acuerdo y que, en todos los casos, el TCP le respondió dirigiéndose a ella como “presidenta constitucional”.

En una de ellas, en el “auto constitucional 0027/2020-CA”, difundida también ayer por el exministro de la Presidencia, Yerko Núñez, se señala también una resolución de la Cámara de Senadores. “La autoridad consultante, Jeanine Áñez Chávez, Presidenta Constitucional en ejercicio (...) formuló ante este tribunal la consulta en análisis acreditando su calidad de Presidenta Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, adjuntando la Resolución Camaral 001/2019-2020, pronunciada por el Pleno de la Cámara de Senadores, cuyas atribuciones determinadas en el art 41 del Reglamento General Interno de esa Cámara, determinan reemplazar a la Presidenta o Presidente y a la Primera Vicepresidenta o Vicepresidente, cuando ambos se hallen ausentes por cualquier impedimento; por lo que de acuerdo a lo establecido por el art 169.I de la Norma Suprema, ante la ausencia definitiva del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, asumió dicho cargo”, dice el documento.

Creemos dice que “Evo gesta un golpe para volver al poder”

La bancada de la alianza opositora Creemos en la Asamblea Legislativa Plurinacional advirtió ayer que el expresidente Evo Morales prepara un “golpe de Estado en contra de todas las autoridades electas”.

En un comunicado leído por el diputado Erwin Bazán, flanqueado por sus correligionarios en la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, la alianza opositora señaló las “artimañas jurídicas” con las que Morales pretende recuperar el poder, entre las que figuran la Sentencia Constitucional 052/2021, que establece que la sucesión “ipso facto” no aplica en el Legislativo; la vigencia de la Sentencia Constitucional 084/201,7 que avaló la repostulación del líder del MAS en 2019; y el cierre del caso Fraude.

“Estaría en curso un golpe de Estado de Evo Morales en contra de todas las autoridades electas del país que representan el sistema democrático boliviano, un golpe de Estado a la democracia boliviana”, advirtieron los opositores en su comunicado.

Creemos agregó que, por eso mismo, cree que la justicia “responde a su antiguo dueño”, en alusión a Morales, y que Luis Arce es “un presidente sitiado” e “incapaz de detener” al líder del MAS.

Además, denunció que, de forma “grotesca”, se pretende anular todos los actuados, para “retrotraer hasta el vicio más antiguo y beneficiar directamente al supuesto afectado”.

La alianza opositora también apuntó al ministro de Justicia, Iván Lima, y al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, por prestarse a los intereses de Morales. Este último, a propósito, respondió a Creemos en sus redes sociales. “¿Eso lo arreglo también papi? Campeones para el ridículo (sic)”, escribió