La decisión de suspender el tratamiento de la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas constituye una victoria de la ciudadanía frente a un intento de corte totalitario que el ciudadano de a pie no estaba dispuesto a permitir. El proyecto de ley, como todos sabemos, intentaba ejercer control sobre un amplio espectro de factores sociales, económicos y políticos bajo la apariencia de una lucha contra el enriquecimiento ilícito y el terrorismo. Rápidamente todos los sectores, independientemente de su proximidad al MAS, reconocieron que se trata de una disposición orientada al control total de la sociedad a través de los mecanismos económicos, tributarios, patrimoniales e incluso de su propia privacidad.

El conflicto enfrentó, por un lado, a las fuerzas radicales del MAS y, por el otro, a una ciudadanía que más allá de los esquemas ideológicos salió en defensa de sus derechos constitucionales. Se enfrentaban, en suma, dos poderes; el poder del Estado y el de la “sociedad civil”. La pregunta es: ¿cómo el ciudadano de a pie logra doblegar el poder del Estado?

La repuesta pasa por comprender que el Gobierno da por sentado que el poder que posee emerge de los movimientos sociales afines a su doctrina, las organizaciones corporativas que controla, particularmente, cocaleros chapareños y organización étnico-originaria. Se suman a estas aquellas estructuras creadas por el MAS, todas actúan (en la lectura masista) en el “campo popular”.

En el polo opuesto se mueve una sociedad civil compuesta por una amplia gama de clases medias, los estratos económicamente mejor aventajados que podríamos llamar la nueva burguesía nacional, y los sectores sociales vinculados a la producción y el comercio conformado por los “cuentas propias” e informales, cuyo mayor capital es el respeto a sus derechos, libertades y su propio patrimonio cuyo accionar se da en el campo democrático ciudadano.

La lectura de la izquierda ortodoxa en Bolivia parte de la hipótesis según la cual el Estado traduce las demandas que se originan en el “campo popular” y que su poder proviene de las pulsiones de lo que Zavaleta denominó lo “nacional-popular”. Transformar el Estado burgués o pequeño burgués en uno popular consiste (en esta lectura) en captar las pulsiones populares y traducirlas en estrategias y políticas nacionales en todos los órdenes de la realidad social. Lo popular determinaría el conjunto de acciones estatales traducidas en leyes como las que nos ocupa.

Esta concepción fue sin duda cierta a lo largo de todo el ciclo que inició el MNR a partir de 1952 y que concluyó con la prolongada gestión de Evo Morales el 2019, es decir, fue inherente a lo que conocemos como “Revolución Nacional”. Concluido este periodo, el cierre del Estado del 52 se expresa, en cambio, por la preeminencia de las pulsiones que emergen de una sociedad civil inmersa en los parámetros de una democracia representativa, al mejor estilo de la modernidad occidental y capitalista. Su poder reside en las demandas propias de una modernidad que ha tomado debida nota del fracaso del socialismo real. Cualquier impulso de corte “popular” en el sentido propio que le otorga la izquierda clásica y ortodoxa, hace parte del pasado político de la nación.

El fracaso del MAS en relación con la ley en cuestión es el producto de la imposibilidad (práctica y teórica) por parte de las élites ideológicas del MAS, de comprender que el poder del Estado ya no proviene del “campo popular”, la historia ya no la definen los obreros y los campesinos en exclusiva, la define una ciudadanía democrática activa (con obreros y campesinos) más allá de cualquier apelativo ideológico.

El problema del MAS es que no entiende el espíritu de la sociedad contemporánea nacional. Le cuesta comprender que se superaron las etapas populares y que los ciudadanos saben mejor que nunca, que sus derechos son un bien exclusivo, privativo, casi hedonista, y que cualquiera que los amenace tiene de entrada la partida perdida, por eso retrocedió con el Código Penal, retrocedió con esta ley y tendrá que hacerlo con las otras que hacen parte del esquema totalitario de Evo Morales. Ojalá haya aprendido, además, que con ingeniosos relatos se puede “marear la perdiz”, pero atentar contra los derechos democrático-ciudadanos es batalla perdida.