A dos años del fraude electoral, Bolivia vive en medio de una porfiada campaña por hacer desaparecer los papeles de la historia y reemplazarlos por otra, escrita 700 días después. En ese objetivo, los interesados en cambiar la historia tienen a su servicio todo el aparato de servidores públicos, la mayoría son militantes del partido, y los que no lo son, están igualmente al servicio del partido en el poder.

Están esos funcionarios, unos en la justicia, otros en el Ministerio Público, otros en las estructuras del Gobierno central, pero también están los recursos del Estado que se utilizan en movilizaciones en las que se repite con insistencia que el 20 de octubre de 2019 no hubo fraude, sino golpe de Estado.

La estrategia se apoya en un viejo razonamiento que hace 80 años hizo famoso en todo el mundo Joseph Goebbels, el que fuera ministro alemán de la Propaganda del Tercer Reich de Adolf Hitler: Cuando una mentira muy grande se repite con suficiente frecuencia, terminará convirtiéndose en verdad.

De eso saben mucho los políticos, esos que leen a Sun Tzu, que no aparecen en público, pero que mueven los hilos de la política boliviana sin tener cargos formales en el Ejecutivo, aquellos que hacen de la búsqueda y la conservación del poder su profesión, que disponen de 24 horas al día para urdir tácticas, estrategias, políticas destinadas a destruir al oponente y consolidar el poder para siempre.

Dos años después del fraude y cumplido el primer año de gobierno de Luis Arce, el partido gobernante se ha dedicado prioritariamente a asentar su teoría del supuesto golpe. En ese intento, instituciones como el Tribunal Constitucional Plurinacional han perdido la poca credibilidad que les quedaba porque se han alineado con el Gobierno para hacer más fácil su maniobra goebbeliana.

Después de unos primeros meses en que al nuevo mandatario se le daba el beneficio de la duda con la esperanza de que, viniendo del área económica, fuera un tecnócrata que privilegie la gestión de la crisis para salir de ella, el país observa con decepción una continuidad de gestión al más puro estilo de los 14 años de Evo Morales.

Es más, con el paso de los meses se consolida la sensación de que si bien Arce es el presidente, quien gobierna en realidad es Evo Morales, el jefe de su partido, y que incluso los miembros del gabinete de ministros responden al jefe cocalero más que al presidente constitucional.

En esta etapa, hasta las formas se han perdido. Esa comunidad internacional a la que alguna vez se miraba con respeto y se cuidaba la imagen ante ella, hoy parece no importar demasiado. Da igual que la OEA con su auditoría diga que en Bolivia hubo fraude y que muestre las evidencias; da igual que un tribunal internacional como la Corte IDH diga que nadie puede proclamar a nombre de las leyes internacionales que la reelección presidencial indefinida es un derecho humano.

Pero en Bolivia da igual, para eso hay un Tribunal Constitucional Plurinacional, al que no se le sonroja un milímetro del rostro al verse descubierto en su manipulación, y que incluso después del pronunciamiento de la Corte internacional no mueve un dedo para anular su sentencia. Para ellos y para el partido gobernante, la reelección indefinida continúa siendo un derecho humano de Evo Morales.

A dos años del fraude, hay un caudillo que no resigna sus ambiciones y hace campaña todos los días para volver al poder, y quizá no necesariamente en cuatro años. Quién sabe si en su agenda estratégica ese día tiene una fecha más próxima.