Medio: El Deber
Fecha de la publicación: martes 19 de octubre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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El vicepresidente David Choquehuanca convocó a la Décima Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional que tendrá el objetivo de considerar el decreto presidencial 4571, para abrogar el 4461, que concede amnistía e indulto por razones humanitarias a perseguidos políticos, misma que fue cuestionada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) por beneficiar a militantes del MAS que fueron involucrados en hechos de violencia durante la crisis política que atravesó el país en 2019.
Contenido
El vicepresidente David Choquehuanca convocó a la Décima
Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional que tendrá el
objetivo de considerar el decreto presidencial 4571, para abrogar el
4461, que concede amnistía e indulto por razones humanitarias a perseguidos
políticos, misma que fue cuestionada por el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Internacionales (GIEI) por beneficiar a militantes del MAS que fueron
involucrados en hechos de violencia durante la crisis política que atravesó el
país en 2019.
La sesión fue citada para el jueves 21 de octubre, el
mismo día en el que en el país habrá una movilización de protesta en contra de
la Ley de la Estrategia contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas en
el país, protagonizada por gremiales, transportistas, cívicos y otros sectores.
El decreto 4461 de 18 de febrero de 2021 concedía el
beneficio de la amnistía a las personas que fueron procesadas penalmente
durante el Gobierno de Áñez, por la presunta comisión de delitos que
tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis
política institucional del Estado, acaecida en el país entre el 21 de
octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020.
El GIEI observó en su informe que, desde un punto de vista
material, una amnistía o indulto puede interferir negativamente en la obtención
de la verdad y la promoción de justicia. Consideró además que la aplicación del
Decreto Supremo “puede reforzar la percepción de injerencia política
del Gobierno en el desempeño de las funciones del Poder Judicial y de la
Fiscalía”.
El presidente Luis Arce, durante un discurso, anunció que
atendiendo la recomendación de la GIEI, se trataría la derogación del Decreto
4461 para establecer una comisión que avanzara en el censo de las
víctimas y su reparación integral.
El GIEI concluyó que lo ocurrido durante la
crisis política de 2019, “involucra la responsabilidad del Estado” en
las graves violaciones de derechos humanos cometidos entre septiembre y
diciembre de 2019, periodo en el que Evo Morales y Jeanine Áñez estaban al
mando del país. Los hechos dejaron al menos 37 muertos.
