En una reunión sostenida la noche de este martes, gremiales, maestros urbanos, jubilados, cocaleros y panificadores, entre otros sectores, acordaron realizar marchas de protesta esporádicas en la ciudad de La Paz y bloqueos en ciudades del interior del país para exigir al Gobierno la abrogación de la Ley 1386.

Dirigentes reunidos en la Casa Social del Maestro, informaron que las movilizaciones de protesta estarán encabezadas por el sector del magisterio de La Paz y por los gremialistas, para que el viernes se reúnan nuevamente para asumir nuevas medidas de presión en contra de la cita norma.

Los gremialistas dieron un plazo de 72 horas al Gobierno para que abrogue la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, por considerar que es atentatoria a sus intereses y porque faculta al presidente Luis Arce a reglamentar esa norma a través de decretos supremos. El citado plazo se cumplirá mañana miércoles, por lo que las movilizaciones se iniciarían el jueves.

El secretario ejecutivo de los gremiales del país, Francisco Figueroa, adelantó que posteriormente se verá en otras ciudades, como Santa Cruz y Tarija, el apoyo que recibirá su sector de los movimientos cívicos, para demandar al Gobierno la abrogación de la Ley 1386.

Durante la mañana, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó que el Gobierno inició el diálogo con sectores que se sienten afectados con la Ley 1386. No obstante, aseguró que esta normativa no va en contra de los gremiales y los transportistas, tal como se indicó a través de una “desinformación”.

En horas de la noche, un grupo de dirigentes que dijo ser parte de la dirección nacional de los gremiales de Bolivia salió de la Casa Grande del Pueblo, donde dijo que sostuvo una reunión con la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

Una de las dirigentes de ese grupo afirmó a Unitel que no están de acuerdo con las movilizaciones anunciadas y aseguró que la Ley 1386 no afecta a su sector porque esa norma está destinada a luchar contra las “ganancias ilícitas”, aspecto que no les toca porque su trabajo es legal.

Indicó que es un “grupo” de gremialistas que respalda las movilizaciones de protesta en contra de la Ley 1386.