La estrategia oficialista para imponer sus medidas parece apuntar a desarmar el rechazo, y excluir la búsqueda de entendimiento y conciliación. Al menos eso es lo que se percibe en su reacción a las movilizaciones en repudio al proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, y la ya sancionada ley de Estrategia Nacional con el mismo fin.

En efecto, hace seis días y luego del paro efectuado el lunes 11 en todo el país —al que en principio el Gobierno calificó como prácticamente nulo y después le atribuyó efectos perjudiciales para la economía—, la Ministra de la Presidencia anunció que decidieron retirar el cuestionado proyecto de ley de la Asamblea.

Hasta ayer, esa decisión no había sido oficialmente presentada al Senado. La Viceministra de Comunicación asegura que el trámite ya está en curso. Mientras tanto, los sectores sociales que se movilizaron la semana pasada para conseguir ese objetivo organizan otra protesta exigiendo la abrogación de la ley, sobre el mismo tema, que ya está sancionada.

El plazo para ello termina hoy y, al parecer, el escaso crédito que los descontentos tienen en el Gobierno, también. Y es que el Ejecutivo contribuye a ese agotamiento. Primero, demorando en oficializar en el Parlamento el retiro del proyecto, y luego insistiendo en las supuestas virtudes de la ley de estrategia.

Esa actitud hace temer que persiste la intención de continuar, en un tiempo indeterminado, con la aprobación de esa norma que ha recibido una ola abrumadora de rechazos. Y confirma que no hay intención de considerar la abrogación de la ley ya aprobada. Ayer, el dirigente nacional de los gremiales anunciaba que “si alguien dice lo contrario, me ha malinterpretado. Si es que el Ejecutivo deroga antes de (hoy) la Ley 1386, (...) estamos dispuestos a dialogar. Si no (…), estamos yendo a un paro y eso es definitivo, no solamente el sector gremial, sino varios otros”.

Anoche, en La Paz, gremiales, maestros urbanos, jubilados, cocaleros, panificadores y otros sectores acordaron realizar marchas de protesta esporádicas en la sede de gobierno, y bloqueos en otras ciudades exigiendo lo mismo.

El Gobierno no da señal alguna de tener intención de dialogar sobre esa exigencia y evitar las movilizaciones. Pero sí se reúne con gremiales que se adhieren a sus medidas, como lo evidencia la declaración de una comerciante que anoche, luego de un encuentro con la Ministra de la Presidencia, declaraba su desacuerdo con las protestas anunciadas.

Así, es evidente la persistencia gubernamental en excluir la negociación como recurso para enfrentar los conflictos sociales. Eso hasta que la movilización se imponga.