Gremiales, transportistas y cívicos advirtieron ayer que retomarán sus medidas de presión este jueves si el Gobierno no abroga la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, además de anular otras normas del “paquete de leyes” que buscan vulnerar derechos ciudadanos.

El sector gremial dio un plazo de 72 horas al Gobierno, mismo que vence este miércoles, para abrogar la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que fue promulgada, publicada en la Gaceta Oficial y está en vigencia. Transportistas, cívicos y otros sectores anunciaron que se sumarán a las medidas.

Los movilizados consideran que esta ley es “la madre de todas las normas” cuestionadas. “El plazo fenece este miércoles: En caso de que no se abrogue esta normativa (1386), estaríamos saliendo a las calles el día jueves a nivel nacional”, advirtió el ejecutivo de los gremiales en Cochabamba, César Gonzales.

Acotó que la dirección ejecutiva de la Confederación Nacional de Gremiales realiza alianzas y articulaciones con otros sectores afectados para reforzar las protestas y unificar las demandas. 

Una medida más radical la anunció el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, que confirmó un nuevo paro de labores para este jueves 21 y viernes 22 de octubre a nivel departamental en apoyo a la demanda nacional de abrogación del “paquetazo” de leyes aprobadas por el Gobierno.

“En la reunión que hemos tenido en la ciudad de Cochabamba el pasado sábado, se ha determinado acatar y reforzar la unidad de todas las organizaciones sociales que estamos pidiendo la anulación de todo el paquete de leyes que se tiene y la abrogación de la (Ley) 1386, la cual es totalmente anticonstitucional”, expresó citado por Correo del Sur. 

Cívicos

Por su parte, los Comités Cívicos se declararon en emergencia. “El intento de quebrantar la democracia plural con un paquete de leyes, que se convertirán en instrumentos de persecución a los líderes sociales, cívicos, gremiales y ciudadanos de pensamiento crítico, con la pretensión que se vio desnudada en las últimas declaraciones del exvicepresidente Álvaro García Linera, que plantea ‘contener a la oposición revisando sus impuestos, propiedades y cuentas bancarias’”, señala parte del pronunciamiento del Concejo Nacional de Comités Cívicos de Bolivia.

El transporte pesado de Santa Cruz manifestó su rechazo a la ley en una caravana que recorrió la ciudad y anunció que mañana realizarán otra marcha con gremiales y definirán medidas en un cabildo. En bPotosí, los cooperativistas mineros también exigieron la abrogación de la normativa. 

El Ministerio de Economía convocó a los sectores que activaron un estado de alerta en rechazo a la Ley 1386 a dialogar para solucionar el problema. En tanto, el Ejecutivo advirtió con recurrir a todos los medios para contrarrestar la movilización ciudadana por considerarla “política”.

Sectores rechazan el paro y movilizaciones 

Representantes de sectores sociales de Santa Cruz y Tarija rechazaron el paro del jueves porque consideran que es una medida política y respaldaron la Ley 1386. “Ahora esta ley más rechazan, entonces, ¿en qué queda nuestro país ?”, manifestaron.

Ley 1386 es rechazada por ser “la ley madre” 

El sector movilizado considera que el retiro de la Ley 218 no es suficiente, debido a que la 1386 está vigente y contiene toda su estrategia. Consta de siete artículos y tres disposiciones, pero tiene un anexo de unas 52 páginas que establecen las tareas para combatir los ilícitos de financiamiento al terrorismo y contrabando.