El Gobierno anunció que saldrá a explicar los alcances de la ley 1386, la norma que dio vida a la Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que es rechazada por al menos cinco grandes sectores sociales del país. La idea es evitar un paro de actividades de 48 horas y otras movilizaciones que se adoptarán a partir de mañana en todo el país.

Pero la apuesta del Ejecutivo, que comenzó a ejecutarse en Cochabamba, corre contra el tiempo. La Confederación de Gremiales del país y otros sectores vinculados con la economía informal dieron plazo de 72 horas para que el Gobierno anule esa normativa, y ese plazo vence hoy

Otros sectores, como el que aglutina a las cooperativas del país, a mineros de Potosí y La Paz, además de transportistas y médicos están en alerta y celebrarán mañana asambleas para asumir decisiones para pedir la derogación de la también llamada “ley madre”. Consideran que esta norma activará otras disposiciones orientadas al “control del Gobierno” respecto a las actividades y transacciones de orden privado.

Además, los cívicos de Potosí anunciaron ayer que cumplirán un paro de actividades y bloqueos, entre mañana y viernes. La medida es rechazada por los ayllus del norte de Potosí. El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, indicó que cumplirán, de este modo, la decisión del movimiento cívico nacional que se acordó durante el fin de semana en Cochabamba.

Ante este escenario, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, negó que esta normativa, -vigente desde agosto- afecte los intereses de pequeños comerciantes, gremiales y transportistas. Dijo que la apuesta principal del diálogo que busca el Gobierno “es acabar con la desinformación” que se creó sobre los objetivos de esta ley. “Tenemos un diálogo y una explicación con los sectores que se sienten afectados por la desinformación y les hemos dicho que no hay normativa que quiera atentar contra ellos”, afirmó la autoridad, en contacto con los periodistas de la sede de Gobierno.

No obstante, también señaló que hay “un plan para desestabilizar” al Gobierno “por parte de la oposición”, precisamente, a partir de una estrategia-remarcó- de “generar temor en la población a partir de la desinformación”.

Pero, mientras Alcón entregaba esas declaraciones, en Santa Cruz de la Sierra una multitudinaria caravana de vehículos de alto tonelaje tomó varias calles y avenidas para protestar contra la ley 1386. La movilización de camiones estuvo liderada por la Asociación de Transporte Pesado, en la que también participaron representantes de las asociaciones de taxis, radiotaxis y minibuses. El transporte urbano estuvo ausente.

Marcelo Cruz, presidente de la Asociación de Transporte Pesado Internacional de Santa Cruz, anunció que mañana se realizará una gran marcha junto a otros sectores gremiales, que terminará en un cabildo. “La ley 1386 es confiscatoria, es atentatoria, es la madre de todas las normas que se están dando y que en el fondo buscan cobrar sanciones a los bolivianos, quitarles el dominio propietario y monetizarlos”, dijo.

Por efecto de una presión social similar, el presidente Luis Arce decidió retirar la pasada semana el proyecto de ley 218 que estaba en el Senado. Alcón informó ayer que el Gobierno solicitó formalmente a la Asamblea la devolución de la iniciativa legal. La viceministra reconoció que hubo fallas en el proceso de socialización de la ley.

Esa propuesta legal planteaba varios ajustes en el Código Penal para sancionar el lavado de activos y el terrorismo, sobre la base de unas 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la entidad creada para sancionar y perseguir el crimen organizado, así como el lavado de dinero obtenido de actividades vinculadas con el narcotráfico, la corrupción y la trata.

Protestas

Francisco Figueroa, el máximo dirigente de los comerciantes del país, aseguró que la pasada semana salieron a las calles para pedir la anulación del proyecto 218, pero también la derogación de la estrategia. “Si alguien dice lo contrario, me ha malinterpretado, hemos dado un plazo de 72 horas al Gobierno. Si es que el Ejecutivo deroga antes de eso la ley 1386, por supuesto que estamos dispuestos a dialogar. No hay cambio, estamos yendo a un paro y eso es definitivo, no solamente el sector gremial, sino varios otros”.

El dirigente afirmó que las protestas contarán con el respaldo del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade). “Este jueves será una movilización contundente, no hay forma de pararla”, insistió Figueroa.

Sin embargo, otro sector de gremialistas se reunió ayer por la noche con la ministra de la Presidencia, María Nela Prado, para descartar un paro de actividades por considerar que no los afecta. Además, desconocieron la dirigencia de Figueroa.

El presidente Luis Arce se reunió el lunes con la plana mayor de la COB y del Pacto de Unidad, el grupo de organizaciones que respalda al MAS, para marcar distancias con los sectores que anticipan movilizaciones contra la ley 1386. Tras la reunión, los aliados del Gobierno se declararon en “estado de emergencia” y respaldaron a Arce frente a afanes “desestabilizadores” de opositores, “especialmente de Santa Cruz”.

Los dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia (Csutcb) preparan una asamblea para hoy con el propósito de activar movilizaciones en favor del Gobierno. La pasada semana, el secretario de esta organización, Eber Rojas, alertó de posible “guerra civil” contra la desestabilización.

En El Alto, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) ratificó el pronunciamiento de la pasada semana, tras el retiro del proyecto 218. “Hemos dejado sin efecto cualquier medida de presión y no podemos permitir que se paralicen las actividades, porque existe necesidad de trabajar. Eso sí, nuestros diputados, los legisladores no socializaron las normas con el pueblo y de allí vienen estos problemas”, afirmó el vicepresidente de la Fejuve, Gilberto Chipana, quien espera que el Gobierno busque el diálogo.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, también rechazó cualquier posibilidad de paro y cuestionó que “intereses políticos intenten aprovecharse. “Puede haber algunos desajustes en algunos artículos, pero eso subsanable si se dialoga y consensúa”, afirmó Copa.

Durante el aniversario de la Fuerza Aérea Boliviana, el presidente Luis Arce afirmó que existen “malos bolivianos” que nuevamente buscan tocar las puertas de recintos militares para generar desestabilización, tal como sucedió en 2020, cuando colectivos ciudadanos exigían la intervención de los uniformados en Santa Cruz.

“El papel que la estrategia de la ultraderecha nacional e internacional le asignó a las Fuerzas Armadas en el ‘golpe de Estado’ de 2019 no debe repetirse nunca más”, remarcó el jefe de Estado y destacó el aporte de la institución en favor de la democracia.