El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, anunció este martes que se tomarán los “recaudos necesarios”, después de que la Embajada de Estados Unidos en Bolivia denunció que “grupos paraestatales violentos” amenazan a activistas de derechos humanos y demandó al Gobierno su “desmantelamiento”.

“Mediante el Viceministerio del Régimen Interior, el cual dirige Nelson Cox, se van a tomar los recaudos necesarios y también se va a solicitar (a las personas amenazadas) a que se apersonen a la Policía a fin de que mediante esta instancia se pueda garantizar las medidas de seguridad y garantizar en realidad el resguardo que deben tener para que no atenten contra su vida ni contra su integridad (física)”, dijo Ríos en una entrevista con La Razón Radio.

En los últimos días, la activista de derechos humanos Kathryn Ledebur y el abogado Thomas Becker –ambos ciudadanos estadounidenses– denunciaron que sufren constantes amenazas por parte de determinados grupos.

Becker acusó a los “cívicos” por las amenazas y en el caso de Ledebur apuntó a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), que en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue identificada como un grupo “parapolicial”.

De hecho, el propio presidente Luis Arce, al recibir el informe del GIEI en agosto, había anunciado que se iba a “desestructurar toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerzas de represión paralela al Estado” durante la crisis de 2019.

Sin embargo, Ríos reconoció que a la fecha estas organizaciones continúan operando, aunque sus principales líderes se encuentren procesados y en algunos casos, encarcelados.

“Estos grupos continúan desinformando a la población boliviana y causando temor, zozobra y miedo en las personas que no comparten su forma de actuar y de proceder”, afirmó el Viceministro.

No obstante, aseguró que el Ministerio de Gobierno está trabajando “en la identificación y la desarticulación de estas organizaciones paramilitares”.

Pero “también estamos atentos y a la espera de cuáles serán las directrices que van a emitir desde el Órgano Judicial para poder definir cómo se va a proceder con estos grupos que generan un nivel de zozobra en nuestra población boliviana”, señaló.