Medio: La Razón
Fecha de la publicación: martes 19 de octubre de 2021
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Marchas, bloqueos, paros y otros
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De forma oficial fue retirado el proyecto de ley de combate a la legitimación de ganancias ilícitas que estaba a la espera de tratamiento en el Senado, como lo había comprometido el Gobierno en el afán de conjurar una serie de protestas que, sin embargo, persisten, ahora, exigiendo la anulación de un paquete de leyes y atención de un conjunto de demandas.
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De forma oficial fue retirado el proyecto de ley de combate a la legitimación de ganancias ilícitas que estaba a la espera de tratamiento en el Senado, como lo había comprometido el Gobierno en el afán de conjurar una serie de protestas que, sin embargo, persisten, ahora, exigiendo la anulación de un paquete de leyes y atención de un conjunto de demandas.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó del envío de una carta al Legislativo oficializando el retiro del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.
“Nosotros, como Ejecutivo, hemos retirado esta normativa, ya se ha enviado la carta como corresponde a la Asamblea Legislativa, eso va a ir por el protocolo que tiene que ir, pero ya hemos retirado oficialmente”, informó, según la estatal ABI.
La administración de Luis Arce tomó la decisión ante la articulación de protestas, con participación de un bloque de oposición política-cívica, para el retiro de ese proyecto de ley con el argumento de que afectaba derechos y la propiedad privada.
Sin embargo, la amenaza de movilización y un paro de 48 horas por parte de gremiales y otros sectores persisten, esta vez, exigiendo la anulación de la Ley 1386 de agosto que aprobó la estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.
A los sectores sociales se sumaron políticos de oposición, cívicos, expresidentes, plataformas ciudadanas y el llamado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Canade) para presionar al Gobierno, pero incluyeron otras demandas como el cese de la “persecución política” y la liberación de “presos políticos”.
Desde el Gobierno, se cuestionó las nuevas amenazas de protestas por su impacto negativo en los esfuerzos por la reactivación económica que al momento alcanzó resultados importantes al registrar un crecimiento de más de 9% en el primer semestre.
El dirigente de los gremiales Francisco Figueroa confirmó el paro de 48 desde el jueves de no atender su demanda de anulación de la ley 1386, aunque abrió la posibilidad de una negociación.
