De acuerdo a un informe de prensa enviado desde ese despacho, esta situación fue corroborada tras una verificación en zona realizada por personal de la Defensoría, que identificó que esa dependencia “no cumple con los requerimientos mínimos de un centro hospitalario de segundo nivel, debido que funciona en deficientes condiciones de infraestructura, con personal, equipamiento e insumos igualmente deficientes”.

El defensor David Tezanos Pinto presentó un informe en este caso, en el que además de detallar las deficiencias encontradas durante la investigación defensorial insta “al Ministerio Público a iniciar acciones legales contra el Alcalde y el Concejo Municipal de San Borja, así como al Gobernador del departamento del Beni y al Director del SEDES, por la comisión del delito de incumplimiento de deberes”.

De acuerdo al informe de la Defensoría, se encontraron problemas en la aplicación de las prestaciones de servicios de salud integral establecidas en la Ley 475, “debido al retraso e incumplimiento de pagos por parte del Gobierno Autónomo Municipal de San Borja, generando que la atención a las y los beneficiarios sea deficiente por la ausencia de medicamentos, insumos y otros”.

Además, concluye que la falta de gestión municipal dejó “en desprotección” la salud de la población borjana, mientras el Consejo Municipal no cumplió con eficiencia con su labor fiscalizadora y se limitó a esperar informes del alcalde Jorge Añez.

En el caso del Servicio Departamental de Salud (SEDES) del Beni, concluyó que se limitó a realizar “acciones que no han sido efectivas” frente a la crisis que atraviesa el hospital de San Borja, “en tanto el Ministerio de Salud no sólo ha omitido responder a las solicitudes del Control Social Circunstancial de San Borja para coadyuvar en resolver los problemas estructurales en salud que atraviesa ese municipio, sino que se evidencia la ausencia de adopción de medidas que aseguren la plena efectividad del derecho a la salud y la asistencia médica de los habitantes de esa población beniana”.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, las “pésimas condiciones” en las que funciona ese centro hospitalario ameritan que el Estado, en cumplimiento a las obligaciones asumidas en los pactos internacionales, ejerza acciones de fiscalización, control y monitoreo permanente.

Además plantea la necesidad de que “la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de los instrumentos legislativos y los procedimientos pertinentes, intervenga con el fin de lograr un cambio efectivo en la realidad de la salud en el municipio de San Borja”. (05/07/2018)