Mientras el Gobierno oficializaba ayer el retiro del proyecto de Ley 218 o Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, la tensión se volvía a activar esta vez por la Ley 1386. Por un lado,  hoy se cumple el plazo de 72 horas que dieron gremiales y transportistas para abrogar dicha norma;  por el otro, sectores sociales afines al MAS se declararon en estado de emergencia.

“Nosotros, como Poder Ejecutivo, hemos retirado esta normativa (el anteproyecto de la Ley 218). Ya se ha enviado la carta como corresponde a la Asamblea Legislativa, eso va a ir por el protocolo que tiene que ir, pero ya hemos retirado oficialmente”, señalaba ayer en la mañana la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, en La Paz.

A 855 kilómetros, en la ciudad de Santa Cruz, unos 300 camiones de transporte pesado bloqueaban  las carreteras con la exigencia de  la abrogación de  la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

Ante la presión social de varios  sectores, el 14 de octubre la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó que el Gobierno decidió retirar el proyecto de Ley 218, no obstante ahora la tensión se reactiva.

Acaba un plazo

Hoy acaba el ultimátum de 72 horas que dieron gremiales y transportistas para que el Gobierno abrogue la Ley 1386 aprobada y promulgada en agosto.

“Mañana (hoy) finaliza el plazo que hemos dado al Gobierno y si no hay respuesta el jueves definiremos si vamos a un paro de 48 horas o un paro general”, advirtió  Édgar Alvarez secretario general de la Federación de Gremiales de Santa Cruz.

Si no hay respuesta, las movilizaciones comenzarán este jueves. El dirigente nacional de los gremiales, Francisco Figueroa, dio  casi por confirmado que mañana habrá un paro, aunque admitió que antes se reunirán con otros grupos sociales.

En Santa Cruz, ayer ya empezaron las movilizaciones contra la Ley 1386. Unos 300 camioneros con sus motorizados  bloquearon las principales avenidas de ingreso a la urbe, exigían la abrogación de la norma.

“Hemos decidido hacer una marcha pacífica, pero si el Gobierno no escucha habrá otras medidas. Nuestros afiliados piden un paro general y esto será analizado”, dijo Juan Yujra, dirigente del transporte.

“En una misma bolsa”

Mauricio Leoni, dirigente del transporte de Cochabamba, fue más contundente. “Esta ley pone en la misma bolsa a narcotraficantes, contrabandistas, lavadores de dólares, grandes jerarcas de la economía informal y el pueblo;  por eso nosotros nos vemos afectados por esta ley inconstitucional”, refirió.

En tanto, el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, confirmó que se sumarán a las protestas. “Hemos hecho un análisis de la 1386 que viene a ser la ‘ley madre’ de todas y ciertamente perjudica  al profesional, a la persona natural, jurídica y privada”, sostuvo.

A principio de semana, el Consejo Nacional de Comités Cívicos de Bolivia respaldó las acciones de los gremiales y los transportistas. A través de  un pronunciamiento, la instancia de los cívicos exigió al Gobierno  no sólo la abrogación de la “ley madre”, sino de otras cuatro normas adicionales:  la Ley 1359 de emergencia sanitaria, la  Ley 1387  de carrera de generales y de ascensos de la Policía Boliviana, la Ley 1390 de Fortalecimiento para la lucha contra la corrupción y la Ley 1398 de Registro de Comercio.

Cierran filas

El presidente Luis Arce, respaldado  por el Pacto de Unidad  liderado por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), denunció el lunes afanes conspirativos detrás de las anunciadas protestas.

“No permitiremos la desestabilización económica de Bolivia. Estamos en estado de emergencia”, aseveró en las últimas horas  Santos Valdez, secretario de actas de la Csutcb.

En el mismo tono, la secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, Flora Aguilar, anticipó que defenderán al actual  Gobierno.

“Las organizaciones nacionales y departamentales del país ratificamos la declaración de estado de emergencia ante cualquier intento desestabilizador de la derecha fascista de nuestro país”, precisó Aguilar.

Anoche Mabel Machicado, gremial  y exconcejala paceña del Movimiento Al Socialismo,   que se reunió con el Gobierno en la Casa Grande del Pueblo, dijo que los gremiales, afines al  MAS, no irán a ningún paro.

 “La 1386 no nos perjudica de ninguna manera. Nosotros impulsamos la reactivación y no vamos a apoyar ningún paro”, aseguró la dirigente al descalificar a Figueroa, el representante nacional.

Gobierno ve conspiración

Arce, quien el martes recibió el apoyo de la COB, durante un discurso en el acto por los 98 años de creación de la Fuerza Aérea Bolivia (FAB), llamó a las Fuerzas Armadas a contribuir en la construcción de la democracia boliviana y no repetir el rol del “golpe de Estado de 2019”. Luego denunció planes conspirativos contra su gobierno.

“Los malos bolivianos y las malas bolivianas quieren intentar tocar nuevamente la puerta de los cuarteles, pero estoy convencido de que el pueblo y las Fuerzas Armadas construiremos, cada cual, desde su campo de acción, una Bolivia con su independencia económica y política plenas”, puntualizó Arce.

“Esta  ley pone en la misma bolsa a traficantes, contrabandistas, lavadores de dólares y pueblo, por eso    afecta y es inconstitucional”.

Mauricio Leoni, dirigente