El Gobierno recibió un llamado de atención desde dos frentes distintos para que se cumplan las recomendaciones que planteó en agosto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la reparación de daños y la no repetición de la vulneración de derechos humanos que tuvo lugar en la crisis política de 2019.

Por una parte, la encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos, Charisse Phillips, informó al viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, que “grupos paraestatales violentos” amenazaron a una ciudadana de su país y recordó que el GIEI recomendó el desmantelamiento de esos grupos.

“Ha llegado a mi conocimiento que la Sra. Kathryn Ledebur, activista de derechos humanos y directora de la Red Andina de Información, ha estado recibiendo amenazas a su integridad física por parte de grupos de seguridad paraestatales violentos. Otras personas estadounidenses también han sido amenazadas por su trabajo en derechos humanos”, se lee en la carta que divulgó ayer el abogado estadounidense Thomas Becker, quien también denunció amenazas desde sus redes sociales.

“Le pido al Gobierno que implemente plenamente las recomendaciones del GIEI y garantice la seguridad de todos los defensores de derechos humanos”, precisó Phillips, luego de aclarar que la protección de sus compatriotas es su “máxima prioridad”·

Por otro lado, familiares de las víctimas de Senkata y Sacaba viajaron, desde El Alto y Cochabamba, para concentrarse en Caracollo, un poblado distante a 191 kilómetros de La Paz. El representante de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, explicó que hoy partirá una marcha hasta La Paz con el propósito de reclamar por las recomendaciones del GIEI. Además, indicó, que buscarán reunirse con el presidente Luis Arce al llegar a La Paz.

En el pliego, piden aprobar el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez y continuar con las pesquisas a otros imputados. Evo Morales pidió que Áñez sea juzgada por la vía ordinaria y no como expresidenta.

Una de las cuatro proposiciones acusatorias contra la expresidenta es por las muertes de Sacaba y Senkata, pero el MAS congeló su tratamiento para priorizar el caso y el debate del supuesto “golpe”.

A nosotros no nos interesa el debate entre golpe de Estado y fraude, pues ese es un tema político. Lo que las víctimas necesitan es justicia y ya hemos advertido que este caso político avanza más rápido que el nuestro”, dijo Inca.

Entre las recomendaciones del GIEI estaba la necesidad de levantar un censo de los afectados de la crisis de 2019. Unas 20 personas murieron en Sacaba y Senkata por efecto de la intervención militar que se produjo el 15 y 19 de noviembre de 2019. “Son casi dos años y no se avanzó, a pesar de las recomendaciones de la GIEI”, afirmó el representante de los Derechos Humanos de El Alto antes de partir desde Caracollo.