Medio: El Deber
Fecha de la publicación: lunes 18 de octubre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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El Gobierno nacional
denunció este lunes que existió un intento de magnicidio contra Luis
Arce en octubre de 2020. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo,
informó que integrantes del grupo que mató al presidente de Haití, Jovenel
Moïse, estuvieron en Bolivia antes y después de las elecciones de octubre de
2020.
Mediante una
conferencia de prensa, la autoridad nacional presentó audios en los que
se escucha al exministro de Defensa, Fernando López, hablar sobre el
presunto traslado de “paramilitares y sicarios” a Bolivia para evitar la
asunción de Luis Arce Catacora.
Esas grabaciones,
difundidas por el portal The Intercept en junio de esta gestión, más otros
reportes de inteligencia, fueron usados por Del Castillo para afirmar que existió
coordinación con la finalidad de acabar con la vida de la primera autoridad
nacional.
“Estas personas se
encontraban en territorio nacional, se gestaba un plan desestabilizador
para impedir que Luis Arce asuma el poder, estaban dos días antes de la
asunción de mandato y se retiraron dos días después”, dijo el ministro.
La conferencia de prensa:
Detalló que en las
grabaciones se oye a López, J.E.P., detenido en 2018, que estuvo en el
penal de Palmasola y ahora está en Chonchocoro, y a Luis Suárez, denominado
‘ciber rambo’, que habría realizado trabajos para el Gobierno de Jeanine Áñez.
Del Castillo
mencionó además a German Alejandro Ribera García, excapitán colombiano
detenido en Haití, y Arcángel Pretel Ortiz, vinculado con la muerte de
Moïse, pero también a Antonio Intriago, Ronald Salamandra y Enrique Galindo
Arias, que ingresaron al país desde Miami (Estados Unidos) y Colombia, vía Viru
Viru (Santa Cruz), entre el 16 y el 19 de octubre de 2020.
“Queda claro que
existió un intento de desestabilización mediante un plan para evitar que Luis
Arce asuma la Presidencia. No es coincidencia que uno de los detenidos
en Haití haya estado en Bolivia días previos a las elecciones y la
posesión”, recalcó.
Mostró documentación
en la que se indica que supuestamente se iba a pagar 125.000 dólares
por año a los “paramilitares y sicarios” que llegaran a territorio
nacional, más bonificaciones y reembolso de gastos. Se menciona la movilización
de 300 paramilitares, aunque habría la posibilidad de trasladar hasta 10.000.
A razón de dichas
sospechas, la autoridad explicó que se tomaron varias medidas de seguridad en
los cierres de campaña de Arce y antes de su posesión, por la alerta de
grupos de inteligencia que tiene conformados el MAS.
“Sabemos lo que
intentan ahora, lo que les pedimos es que dejen de hacer y planificar esas
arremetidas que planifican hace meses, ya no somos solo el MAS, somos el Gobierno
de los bolivianos y haremos todos los esfuerzos, no cederemos un
centímetro en medir nuestra fuerza para mantener el orden y la vida de
los bolivianos”, advirtió Del Castillo.