Una resolución de enero de 2020, en la que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) avaló una ley que extendió los mandatos de autoridades subnacionales, avaló la sucesión constitucional de la expresidenta Jeanine Áñez, alegó su defensa y también sectores políticos, tras el fallo de esa instancia que el viernes le quitó toda legalidad a la asunción de la exmandataria.

Al menos una decena de hechos avalan la sucesión. El comunicado del 12 de noviembre de 2019 que establecía que, ante un vacío de poder la sucesión, se activaba la sucesión ipso facto (de manera inmediata). 

Luego está la resolución de enero de 2020 que allanó la ley que alargó el mandato de la presidenta constitucional y de otras autoridades subnacionales, además de que fue invitada por el TCP en enero de 2020 a su acto de inicio de actividades.

El 12 de noviembre de 2019 Jeanine Áñez asumió la presidencia de la Cámara de Senadores y la del Estado. Esa acción se sustentó en la Sentencia Constitucional 003/2001, y luego el TCP emitió el “comunicado” que avaló ese procedimiento.

Pero ese no fue el único aval, ante la Asamblea Legislativa, en octubre del 2020, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, emitió un informe oral de 37 puntos respecto a los conflictos generados por el fraude electoral de 2019, a petición de la entonces diputada Lidia Patty (MAS), que ahora es denunciante en este caso.

En esa cita, Lanchipa acreditó la declaración constitucional 001/2020 de 15 de enero del 2020, en la que el TCP avaló la ley que autorizó la extensión del mandato de las autoridades electas hasta que se realicen las elecciones generales y consiguientemente, la gestión constitucional de la presidenta de transición, tanto para los defensores de Jeanine Áñez, como para otros actores políticos.

También validó el comunicado oficial del TCP, de noviembre del 2019, con el que Jeanine Áñez asumió el mandato con sucesión constitucional, reconociendo las atribuciones de ese tribunal, como máximo intérprete de la constitucionalidad en Bolivia.

Pese a todo esto, el viernes último se conoció otro fallo del TCP, que señala que no le correspondía la sucesión ipso facto. Sin mencionar a Jeanine Áñez, el documento da a entender que su sucesión no fue constitucional cuando asumió la Presidencia de Bolivia en 2019, tras la renuncia de Evo Morales. “Toda renuncia debe ser tratada y aceptada en el Pleno Camaral, aclarando que este reemplazo temporal no significa que el reemplazante se invista (adjudique) el cargo de Presidente”, indica la parte sobresaliente del fallo.

El expresidente Jorge Quiroga puntualizó que con la declaración de enero de 2020 sobre la presidencia de Áñez, la Asamblea aprobó la Ley 1270 que extendió el mandato de Áñez y de todo el Órgano Legislativo.

El 20 de enero el TCP invitó a la exmandataria a inaugurar el año judicial en Sucre, con lo que para Quiroga y los abogados defensores de Jeanine Áñez, también avalaron la sucesión. 

Por su parte, la exmandataria le envió una carta al presidente Luis Arce, en la que sostiene que su mandato constitucional fue reconocido por el TCP y una Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Afirmó que es presa “de la injusticia, del odio, de la persecución política y de una ideología que suplanta los preceptos de la legalidad con la condena anticipada, característica de los regímenes totalitarios”.