El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) 0052/2021, que abre el debate sobre la sucesión constitucional de la expresidenta Jeanine Áñez sigue generando confusión y contradicciones, sin embargo, en el Movimiento Al Socialismo (MAS) ya piensan en utilizarlo para impulsar un juicio ordinario en su contra, descartando así el juicio de responsabilidades que se encuentra congelado en la Asamblea Legislativa.

La defensa de Áñez, rechaza las interpretaciones del Gobierno mientras desde el Colegio Nacional de Abogados aseguran que sus actuaciones fueron legales.

El viernes pasado se conoció que el TCP emitió dicho fallo, el cual resta validez a la renuncia emitida por Twitter, durante los conflictos de 2019, por la entonces diputada Susana Rivero y establece que seguía en funciones hasta que formalizó su dimisión. Además, señala que no se puede usar el mecanismo Ipso Facto para reemplazar a presidentes de las cámaras legislativas.    

El pronunciamiento es una respuesta a un recurso de nulidad interpuesto en 2019 por la entonces diputada Margarita Fernández contra Rivero, quien pese a anunciar su renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados por Twitter, posteriormente continuó ejerciendo ese cargo.

LA SITUACIÓN

El fallo valió para que el ministro de Justicia, Iván Lima, considerara que la sentencia "ratificó que en el país hubo un golpe de Estado" y no se produjo un vacío de poder llenado por Áñez.

Desde el Gobierno también aseveraron que, con la sentencia, se declaraba inconstitucional la “autoproclamación” de Áñez y se rechazaba que hubo vacío de poder en el país, sin embargo, la defensa de la exmandataria señaló que ninguna de esas palabras está en la sentencia.  

Mediante un comunicado, los abogados explicaron que la sentencia no se refiere al caso de su clienta y ni siquiera la menciona o palabras como golpe de Estado, autoproclamación o vacío de poder.

“Es un caso específico para una diferencia que se tiene a nivel de la Cámara de Diputados”, aclaró el abogado Alaín de Canedo.

Reconoció que hay un “problema de interpretación” en determinar si se puede usar o no contra Áñez, ante lo cual se puede tener varias posturas.

También recordó que, en el pasado, el TCP se manifestó de manera clara en reconocimiento al mandato, como con la Declaración 001/2020, mediante la cual declaró constitucional la prórroga de mandato de la entonces mandataria y legisladores. 

A su vez, mencionó que el 3 de enero de 2020, Áñez fue invitada a la inauguración del año judicial en Sucre como presidenta constitucional y que el magistrado Gonzalo Hurtado afirmó ante los medios que su mandato era legal, a tiempo de dar a conocer un comunicado emitido por el TCP, el 12 de noviembre de 2019, en el cual se refería al mecanismo Ipso Facto para la sucesión presidencial.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, Israel Hugo Centellas, complementó y recordó que Áñez fue validada por el mismo Tribunal Constitucional con la sentencia 0003/01 del 31 de julio de 2020, que sustenta en la “vacancia” del Presidente.

Indicó que no quedaba de otra, pues Bolivia atravesaba por una crisis social y política, ante la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera, además de las presidencias de las Cámaras de Senadores y Diputados.

Asimismo, aseguró que mucho más allá de lo que diga la sentencia, las actuaciones de la expresidenta son válidas.

JUSTICIA

Entre tanto, desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), en la línea de su líder Evo Morales, corresponde un juicio ordinario contra la exmandataria, que actualmente afronta al menos cuatro juicios de responsabilidades que se encuentra en espera de su tratamiento en la Asamblea.

Ya el 16 de septiembre, la exdiputada Lidia Patty se pronunció asegurando que no corresponde la vía legislativa porque eso significaría reconocer su mandato.

En ese entonces, la Comisión Mixta de Justicia Plural paralizó el tratamiento de los 24 juicios de responsabilidades contra exautoridades.

La fuerza opositora Creemos consideró en un comunicado, citado por EFE, que "estaría en curso un golpe de Estado de Evo Morales en contra de todas las autoridades electas" mediante "maniobras" apoyadas por el órgano Judicial para "restituirlo en el poder".