Ante un informe del conteo y revisión de actas de los comicios anulados de 2019, presentado por la Procuraduría General del Estado (PGE), en el que se descarta las denuncias de fraude electoral, legisladores de la oposición cuestionaron la acción, por constituirse en una labor innecesaria y, por ende, en un daño económico al Estado.

Parlamentarios discrepan sobre los justificativos y el valor del conteo y revisión elaborado por la Procuraduría la semana pasada.

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Para el diputado Alejandro Reyes (CC) el trabajo realizado por la PGE carece de sustento jurídico, no aporta en nada al esclarecimiento de los hechos ocurridos en 2019 y, por el contrario, se constituye en una afectación económica al Estado.

“Lo que ha hecho no tiene respaldo ni del Tribunal Constitucional, ha producido un daño económico al Estado, porque se le ha pagado a esa gente, además del gasto por alquileres”, dijo.

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Exigió que el procurador Chávez, que ahora revele el monto que se destinó para esta actividad que no está incluida entre las competencias de esta entidad Estatal.

“Ahora queremos saber cuánto se ha gastado en este show barato que a los bolivianos nos ha costado caro”, sostuvo el legislador.

Agregó que no existe evidencia física de las pruebas del fraude, porque las actas fueron alteradas y quemadas durante las protestas del 2019.

Por su parte, el diputado Juanito Angulo señalo que el reciente informe de la Procuraduría solo confirma lo postulado por el Gobierno, que indicó que  en 2019 no existió fraude electoral, descartando las denuncias de la oposición, “pues nunca se presentaron pruebas materiales”.

“Se demuestra de manera objetiva que en 2109 no existió un fraude electoral, lo que existió fue un golpe de Estado, promovido por políticos y lo dice el mismo informe del GIEI, sobre una ruptura del orden constitucional”, dijo.

Angulo, señaló que también se han encontrado los elementos suficientes para sostener que se ha montado toda una maniobra política, por parte de la oposición, para atentar en contra de la democracia en 2019.

El viernes pasado, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, anunció que concluyó el proceso de revisión de las actas que confirman que nunca existió un fraude en el proceso electoral cuestionado. “Puedo decir con franqueza que no ha existido fraude electoral en las elecciones de 2019 y Bolivia no es un país fraudulento”, manifestó.