Senadores y comunarios de Tarija presentaron ayer al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta contra cuatro normas que dan luz verde al ingreso de empresas petroleras a la Reserva Nacional de la Flora y Fauna de Tariquía para explorar y explotar hidrocarburos.

Según el senador Fernando Campero (UD), el recurso busca que el TCP declare inconstitucionales las leyes 1014, 1015, 1049 y 1050, argumentando que van en contra de la Constitución Política del Estado (CPE).

"Nuestro objetivo es que Petrobras y YPFB Chaco no ingresen a destruir a las más de 800 especies de fauna y a más de 400 especies de flora que hay en la reserva de Tariquía", indicó.

En abril, el presidente Evo Morales promulgó dos leyes que aprueban los contratos de servicios petroleros para la exploración y explotación hidrocarburífera San Telmo Norte y Astillero que son parte de la reserva de Tariquía, cuya extensión es de 246. 870 hectáreas.

Debido al impacto ambiental que esto generaría, comunarios de este sector reactivaron las protestas que protagonizaron el año pasado.

Campero explicó que el recurso presentado se basa en el argumento que para el ingreso de estas empresas para los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos no se hizo la consulta previa a los habitantes de la zona como señala la CPE.

"No se ha realizado la consulta previa a los pueblos originarios campesinos", agregó y recordó que Tariquía es una de las 32 reservas naturales protegidas de Bolivia.

El dirigente Felicindo López aseguró que son más de 3.000 familias las que resultarán afectadas por el ingreso de las petroleras, las cuales se oponen terminantemente a los trabajos de exploración y explotación.

"Estamos amenazados por esas empresas y allá todos estamos en contra y no vamos a permitir el ingreso y que invadan nuestro territorio. Actualmente no hay nada y no los vamos a dejar ingresar", agregó y dijo que detrás de la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta (AIA), está una plataforma de defensa de la reserva nacional, protegida por ley y la Constitución.

“No vamos a permitir que se destruya la flora y fauna con el ingreso de petroleras a la zona donde habitan más de 3.000 familias”, aseguró.