Las marchas indígenas tuvieron una enorme significación democrática hasta 2010. La Marcha de 1990 posibilitó comprender que había un mundo menospreciado e ignorado al frente de nosotros. Ya para 1990, una oleada de indigenismo oculto y marginal cobró vigor. Marcharon hasta la ciudad de La Paz y dejaron en claro una tesis tan poderosamente sencilla: existían. Estaban ahí. Ese es pues el análisis que debemos hacer en esta segunda entrega: ¿qué pasó con este brazo democrático denominado marcha indígena? Presento los seis fabulosos golazos del primer tiempo, indecorosamente anulados por una sarta de anti-goles eficazmente solidificados por el gobierno de Evo Morales.

Primer gol: debemos reiterar este instante de visibilización en 1990 gracias a la Marcha Indígena que tuvo lugar aquel año. No se trata sólo de un momento de democratización. Es algo aún más relevante: es su propia aparición. Es un acto mágico de nacimiento a pesar de las voces críticas que buscaban desanimarlos. Se argumentaba que los marchistas pertenecían a pueblos nómadas y “ese tipo de desplazamientos era parte de sus prácticas culturales cotidianas”. También se afirmaba que “era un sacrificio inútil, propio del capricho de la dirigencia”.

Incluso se trató de infundirles miedo indicando que “los matarían a lo largo del camino”. No sirvió. No sospechaban que estas marchas habían venido a remover las estructuras mismas del Estado etnocéntrico. La Marcha de 1990 duró 34 días y llegó a La Paz con 800 indígenas, tras recorrer casi 600 kilómetros.

Segundo gol: el “marchismo” no fue un correteo turístico por los paisajes del país como creyeron muchos. No. Las marchas constituyeron la participación de los pueblos indígenas de tierras bajas en democracia y la ruta clásica de empoderamiento político de estos habitantes. Sin embargo, no es ese avance lo más relevante. Lo más relevante fue su creatividad política acumulativa. En las diversas marchas que tuvieron lugar en el país en 1990, 1996, 2000, 2002, 2006, 2007 y 2010 demandaron el reconocimiento a sus territorios (Ley INRA), la puesta en marcha de las autonomías indígenas, la consulta indígena, la realización de una Asamblea Constituyente. Versátiles, valientes y, valga la redundancia, acumulativos.

Tercer gol: el gobierno de Evo Morales no detuvo esa impronta democrática. Todo lo contrario: le dio fuerza para continuar en los años de ascenso político, 2006 y 2007. No se los amedrentó, reprimió o vetó. Se posibilitó que este instrumento de diálogo se mantenga y afiance. ¿Es esta solidez lo más remarcable? No, lo más remarcable fue que defendieron las propuestas gubernamentales. En 2006 la marcha exigió la aprobación de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria que buscaba remplazar a la Ley INRA y en 2007 la siguiente marcha conminó a que se realizara la Asamblea Constituyente con la firme intención de reconocer la preexistencia de los pueblos indígenas, su participación en todos los niveles de gobierno, la presencia de autonomías indígenas con igualdad de jerarquía frente a las demás entidades territoriales y su representación directa en el Órgano Legislativo. El gobierno se sintió absolutamente respaldado por estas marchas y sus respectivas demandas.

Cuarto gol: el bloque en el poder se reconstituyó, o buscó hacerlo. Ese el aspecto más relevante que tuvo lugar de 2006 a 2009 como efecto del marchismo sólidamente asentado. Se logró impulsar la unión de indígenas de tierras altas e indígenas de tierras bajas como un solo actor de enorme peso político y simbólico, poseedor de un nuevo paradigma. Estos actores usualmente débiles buscaron marcar la senda de progreso del país como dos frentes demográficos específicos: el mayor y el menor.

Esta alianza era remarcable no sólo por el factor cuantitativo. En esta alianza residía un nuevo modelo de desarrollo no extractivista o post-extractivista. Un nuevo paradigma de desarrollo estaba en juego centrado en el respeto al medio ambiente. Se disputaría un partido de campeonato: los extractivistas de siempre mineros, ganaderos, agricultores - versus los ambientalistas de nuevo cuño de la mano de los indígenas de allá y de acá. Ese era el fascinante esbozo de un nuevo bloque político dominante. Ese era el factor cualitativo que tenía lugar. 

Quinto gol: este gol es majestuoso. Bolivia iniciaba lo que en ciencias políticas se conoce como una democracia consociativa: aquella democracia donde las mayorías gobiernan conjuntamente con las minorías. Una democracia de “poder compartido” indígena tenía lugar en el país desde la asunción de Evo Morales hasta la finalización de su primer periodo gubernamental. Ese hecho marcaba un derrotero político distinto al usual, aquel demarcado por el número: “mayoría manda”.

La transformación era extraordinaria: de la lógica de aplastamiento del “otro” propia del periodo previo al 52, de la impronta clientelar que dominó el periodo 1952-1985 y de la imposición de una “democracia de mayoría” a ser utilizada en el congreso del 85 a 2005 en desmedro de las minorías, pasaríamos a una democracia del pacto impuesta por los actores dominados secularmente: los indígenas de aquí y de allá. ¿Cómo lo lograban? A partir de las marchas. Gracias a ellas podían descollar con inusual vehemencia.

Sexto gol: este es el punto más destacable. Este gol, el último, tuvo una acumulación histórica encomiable. No era sólo un asunto de entregar tierras. No, ese solo era el golpe inaugural de una dinámica en gradual ascenso. Un empoderamiento paulatino, pero eficaz tenía lugar: del logro en la obtención de sus propios territorios, pasábamos por diversas etapas impulsadas por el marchismo. ¿Cuáles? La posibilidad de tener sus propias autoridades co-gobernando en el gobierno nacional, la urgencia por auspiciar un multilingüismo veraz y consistente, la necesidad de alentar una Asamblea Constituyente, la oportunidad de asentar una consulta indígena, el impulso a una indispensable autonomización indígena y/o las modificaciones a la Ley INRA a través de la Ley de Reconducción Comunitaria.

¿Es todo? No, podemos prever en ese ascenso imparable el abordaje de transformaciones nuevas relacionadas con la biodiversidad, el turismo ecológico, las “novedades” genéticas, la promoción de economías orgánicas, los gobiernos locales indígenas, entre otros. Por ende, ese momento ofreció reformas magnánimas que servían de fermento a nuevas y aún más provocativas reformas en un ascenso imparable.

¿Qué sucedió? Dio inició el segundo tiempo desde 2010 con notables autogoles magníficamente conseguidos.

Primer autogol: el marchismo inaugurado en 1990 se quebró. Se realizó la marcha por el TIPNIS en octubre de 2011. La policía la intervino violentamente en la región de Chaparina el 25 de septiembre ocasionando una honda desaprobación nacional e internacional sólo subsanada con la promulgación de la Ley 180. Esta norma prohibía la construcción de la carretera TIPNIS-San Ignacio de Moxos. El gobierno sintió la humillación de ser vencido por pocos indígenas. Ordenó, pues, la puesta en marcha de una contra-marcha: aquella del CONISUR, conformada por cocaleros del Polígono 7, que lograron la promulgación de la Ley 222. Esta norma exigía la realización de una “consulta” que definiera el destino del TIPNIS.

 ¿Una consulta nacional? No, una mera consulta local donde los indígenas mojeño-trinitario, chimán y yuracaré volvían a situarse en desventaja numérica frente a los colonos. El 29 de abril de 2012 partía una nueva marcha exigiendo vanamente la abrogación de la Ley 222. ¿Cuál es la síntesis a destacar? El marchismo como la plataforma dialógica gobierno-pueblos indígenas murió.

Segundo autogol: las remarcables marchas exigiendo, entre otras demandas, la realización de una Asamblea Constituyente, cedían frente a un poder unipersonal adecuadamente reconocido como caudillismo. Evo Morales decidió vulnerar la Constitución cuando buscó perpetuarse en el cargo. Según uno de los intelectuales arrimados al gobierno, Fernando Mayorga, las decisiones recaían exclusivamente en el dúo revolucionario: Evo y Álvaro. La Asamblea Legislativa, los gobiernos subnacionales y/o los sindicatos, juntas vecinales, pueblos indígenas se limitaban a acoplarse a ese decisionismo bi-personal. La nueva Constitución impulsada por indígenas podía esperar.

Tercer autogol: las marchas en apoyo del gobierno dejaron de existir. Entonces, ¿en que quedó el exitoso marchismo visibilizado durante dos décadas? De los años 1990 a 2002 –primera etapa–, las marchas fueron ampliamente toleradas desde el ala gubernamental. La democracia representativa supo comprender este avance “desde abajo” y se benefició de un diálogo inédito en nuestra historia. ¿Un Estado –ese conjunto de gobiernos que se sucedieron en 20 años– conversando fluidamente con los indígenas de tierras bajas? Sí. Absolutamente sí. De 2006 a 2010 –segunda etapa– el diálogo fue “desde adentro” en conjunción con los indígenas de occidente. Lo indígena, en su totalidad, se convertía en Estado.

En 2011 se inició una tercera etapa: aquella del enfrentamiento de los pueblos indígenas con el gobierno. Las marchas ya no tuvieron el apoyo gubernamental. En 2015, indígenas guaranís de Tacovo Mora, que exigían una consulta previa para la exploración petrolera en su territorio, fueron arrestados por los efectivos de la policía. En 2019, indígenas qhara qhara que demandaban el saneamiento colectivo de su territorio fueron acallados y el gobierno privilegió el saneamiento individual exigido por campesinos del mismo territorio.

Ese mismo año atestiguamos la décima Marcha Indígena por la Chiquitania, liderada por la Cidob. Exigía la abrogación de las normas que provocaron los incendios y la declaratoria de la situación como “desastre nacional”. El gobierno, a pesar de las 5,4 millones de hectáreas quemadas de acuerdo a Greenpeace, no hizo caso. Murieron casi 6 millones de individuos de diversas especies animales.

Cuarto autogol: la coalición indígena se cayó. La intención era clara: constituir un bloque popular indígena. ¿Se pudo? No, lo que vimos fue un desplazamiento de ese bloque por un bloque campesino-oligárquico. Una agro-burguesía nacional absolutamente empoderada (aquella que conocemos vulgarmente como la “oligarquía cruceña que durante el gobierno de Evo Morales no respetó las 5.000 hectáreas reconocidas en el Referéndum de 2009 como extensión máxima.

De acuerdo a Fundación Tierra, hay por lo menos 100 propiedades que sobrepasan esa cifra), una burocracia gubernamental que desde 2011 cuoteó las tierras (el tráfico de tierras se intensificó desde el 2011, creándose el denominado “INRA paralelo” que se dedicó a falsificar expedientes agrarios para entregar tierras de los bolivianos al mejor postor. Asimismo, el INRA firmó más de 1.400 autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades en Santa Cruz de 2014 a 2019 poco transparentes), el capital transnacional hidrocarburífero que incrementó en 8 veces su presencia (de 3 millones de hectáreas a más de 24, equivaliendo al 22,55% de todo el territorio nacional) y un empresariado minero que obtuvo 587 concesiones en un 30% de los territorios indígenas existentes (fueron otorgadas 496.478 hectáreas).

Quinto autogol:  la democracia de entrelazamiento mayorías/minorías indígenas desapareció totalmente. Como documenta el Cejis, el “Estado diseñó una arquitectura jurídica entre 2012 y 2015 para intervenir en territorios indígenas y áreas protegidas con el fin de realizar actividades extractivas y ampliar la frontera agrícola”.

Asimismo, se promulgó la Ley 969 que terminó de eliminar la intangibilidad del TIPNIS y dio luz verde a la construcción de hidroeléctricas que afectaron a seis áreas protegidas del país. Conviene mencionar que 18 de los 22 directores de estas áreas fueron removidos de sus cargos. Del mismo modo, la proyección del Cipca es que la flora y fauna de la Amazonia boliviana se reducirá en un 40% en los próximos años. Se calcula, de acuerdo a datos de Probioma, que Bolivia pierde 300 mil hectáreas por año y entre el 2001 y el 2017, el país deforestó 4,5 millones de hectáreas. Posicionándose, con esta cifra, es el quinto país más depredador del continente, luego de Brasil, Estados Unidos, Argentina y Paraguay. La pregunta es simple: ¿dónde quedó el pacto mayorías-minorías indígenas? Desapareció.

Sexto autogol: del 2006 en adelante, con especial énfasis del 2010 en adelante, el marchismo se difuminó como un verdadero saludo a bandera. Siguiendo a Marco Antonio Gandarillas, vemos que en 2010 se promulgó la Ley 144 de la Revolución Productiva, que legalizó los transgénicos y redujo los aranceles para agroquímicos y maquinaria agrícola. En 2013, mediante Ley 337, se perdonaron 10 años de desmontes ilegales en las tierras bajas de Bolivia. Esta norma fue alentada por la burguesía oriental soyera que siguió avanzando sobre las reservas forestales cruceñas.

La Ley 535 de minería promulgada en 2014, permitió la ampliación de actividades mineras irrestrictamente sobre glaciares (amenazados por el cambio climático), cabeceras de cuenca, lagos, ríos y vertientes. Esta medida invalidó los artículos de la Constitución que declaraban al agua como recurso fundamentalísimo para la vida.

En 2015 promulgaron decretos petroleros para transformar las áreas protegidas en áreas petroleras: el parque nacional Iñao tiene 90% de su superficie sobrepuesta a áreas hidrocarburíferas, El Pilón Lajas 85%, Aguagagüe 72%, Tariquia 55%, entre otros. Esta medida fue un golpe mortal al sistema nacional de áreas protegidas. Asimismo, se promulgó la Ley 247 de 2012, denominada de regularización del derecho propietario, que permitió la ampliación de las manchas urbanas sin planificación alguna. Incrementó esas áreas en un 300%.

En suma, los pueblos indígenas de tierras bajas fueron sólo una extraña anécdota en un mundo de extractivismo mafioso fervientemente alentado por Evo Morales y el MAS.