El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP),  a través de la Sentencia Constitucional 052/2021, del 29 de septiembre de este año, concluyó que el 2019 no hubo un “vacío de poder” en el país y, por lo tanto, la proclamación de Jeanine Añez como presidenta del Estado no fue constitucional.

En la sentencia referida a un recurso presentado por la entonces diputada Margarita del Carmen Fernández Claure, de Unidad Demócrata (UD), contra los entonces presidente y primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Víctor Borda y Susana Rivero, respectivamente, el TCP definió que no correspondía una sucesión ‘ipso facto’ en el Legislativo.

“El TCP sentenció que la denominada sucesión ipso facto sólo se aplica para la Presidencia del Estado, de acuerdo al artículo 169 de la Constitución Política del Estado (…) debiendo toda renuncia ser tratada y aceptada en el Pleno Camaral, aclarando que este reemplazo temporal no significa que el reemplazante se inviste (adjudica) el cargo de Presidente”, se lee en el comunicado publicado esta tarde por el TCP.

En concreto, en la sentencia, según información de La Razón, el TCP afirma que las renuncias de autoridades legislativas electas por voto popular solo corresponden si son consideradas en el pleno camaral.

Bajo ese criterio, la sucesión de Añez – que fungía como segunda Vicepresidenta del Senado- sería inconstitucional ya que el 12 de noviembre del 2019 ella asumió la presidencia de la Cámara Alta y luego del Estado argumentando un “vacío de poder”, ante la renuncia de las principales autoridades del Estado y del Legislativo.

No obstante, hasta ese día el pleno camaral no había tratado ni aceptado la renuncia de la ex presidenta de la Cámara Alta, Adriana Salvatierra; de la Cámara Baja, Víctor Borda; ni de otras autoridades legislativas. Por lo que Añez no tenía potestad para asumir la presidencia de la Asamblea legislativa y, posteriormente, del Estado.