El presidente del Comité Pro Intereses del departamento de Tarija, Adrián Ávila Reese, informó la matutino “El Periódico” que el directorio consultará a las instituciones afiliadas sobre la posibilidad de iniciar nuevas medidas de presión para exigir al Gobierno Nacional que abrogue cinco normas que “atentan” contra las libertades del pueblo boliviano.

Lejos de calificar como una victoria el anuncio hecho por el Gobierno sobre el retiro del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, el directivo explicó que el Consejo Cívico Nacional ahora apunta contra leyes como la de Emergencia Sanitaria, estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo, ascensos de la Policía Boliviana, fortalecimiento para la lucha contra la corrupción y la Ley Nº 1398 de Registro de Comercio.

“Vamos a sumarnos y apoyar cualquier movilización o acciones que tome cualquier institución en nuestro país, sea el Auto Transporte, los Gremiales, en defensa de nuestras libertades. Ahora tenemos que bajar a las instituciones y las provincias la determinación del movimiento cívico nacional, de sumarse a las protestas, a través de marchas o paros, de hecho mañana (hoy) va a salir un pronunciamiento cívico de que estamos coordinando el respaldo”, afirmó.

Sobre esa base, Ávila reconoció que no es el mejor momento económico y social para asumir medidas de presión como la que se acató el pasado lunes en el país, empero enfatizó que el no hacerlo pone en riesgo el Estado de derecho.

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“Es un tema que tiene que debatir la Asamblea Departamental, como movimiento cívico vamos a mediar para que prevalezca la sensatez, la cordura, creemos que no es justo que nos vayamos a pelear o enfrentar entre provincias por migajas, el IDH y las regalías, nuestra lucha debemos sacarla hacia afuera, prepararnos para la lucha por el Pacto Fiscal y que las regalías se incrementen, el negocio petrolero ha cambiado”, agregó.

El presidente cívico detalló que está conversando con representantes de otros departamentos para unificar una postura y exigir que el Gobierno no se quede con el 90% del Tesoro General de la Nación (TGN).