Medio: El Deber
Fecha de la publicación: lunes 18 de octubre de 2021
Categoría: Organizaciones Políticas
Subcategoría: Democracia interna y divergencias
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En los diferentes homenajes a los 39 años de la reconquista
de la democracia boliviana, se ha puesto de relieve no solo que esta forma de
vida no está consolidada sino también que los mayores riesgos vienen del poder
político de turno.
La ocasión fue propicia para recordar el libro Cómo
mueren las democracias, de los académicos de la Universidad de Harvard,
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Los autores sostienen que las democracias
pueden fracasar en manos no ya de generales, sino de presidentes y líderes
políticos que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder. A
diferencia de los años 70 cuando los militares tomaban el poder, ahora las
Fuerzas Armadas se han convertido en instrumentos y cómplices de los gobiernos
civiles autoritarios.
La paradoja trágica es que los asesinos de la democracia
utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e
incluso legal para liquidarla. A tiempo de recordar cómo ascendieron al poder
Adolf Hitler en Alemania, Benito Mussolini en Italia, Alberto Fujimori en Perú,
Hugo Chávez en Venezuela, entre otros, los académicos identifican los rasgos
que caracterizan a una persona autoritaria, que son: 1) rechaza, ya sea de
palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego; 2) niega la
legitimidad de sus oponentes; 3) tolera o alienta la violencia; e 4) indica su
voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los
medios de comunicación.
El desmantelamiento de la democracia se inicia de manera
paulatina y para muchos ciudadanos puede resultar imperceptible. Al fin y al
cabo, se siguen celebrando elecciones, los políticos de la oposición continúan
ocupando bancas en el congreso y la prensa independiente sigue publicándose.
La erosión de la democracia tiene lugar poco a poco, en
cámara lenta. Los movimientos del Gobierno para subvertirla suelen estar
dotados de cierta legalidad: o bien los aprueba el Parlamento o bien el
Tribunal Constitucional garantiza su constitucionalidad. Muchos de ellos se
adoptan con el pretexto de perseguir un objetivo público legítimo (e incluso
loable), como combatir la corrupción, garantizar la “limpieza” de las
elecciones, mejorar la calidad de la democracia o potenciar la seguridad
nacional.
La mayoría de las autocracias contemporáneas no borran todo
rastro de disidencia, como hizo Mussolini en la Italia fascista o Fidel Castro
en Cuba. El modo más sencillo de lidiar con los adversarios potenciales es
comprarlos. La mayoría de los autócratas electos empiezan por ofrecer puestos
políticos, empresariales o mediáticos destacados, favores, ventajas o,
directamente, sobornos a cambio de su apoyo, al menos, de su silencio y su
neutralidad. El peruano Vladimiro Montesinos hacía este trabajo a la perfección
para Alberto Fujimori.
Pero para atornillarse en el poder, los gobiernos deben
cambiar igualmente las reglas del juego, comenzando por reformar la
Constitución, el sistema electoral y otras instituciones que debilitan a la
oposición, inclinando de nuevo el terreno de juego en contra de sus rivales.
Capturando a los árbitros, comprando o debilitando a los
opositores y reescribiendo las reglas del juego, los dirigentes electos pueden
establecer una ventaja decisiva (y permanente) frente a sus adversarios. Y dado
que estas medidas se llevan a cabo de manera paulatina, bajo una aparente
legalidad, la deriva hacia el autoritarismo no siempre hace saltar las alarmas.
La obra recuerda que los dictadores desde Franco, Hitler y
Mussolini en la Europa de entreguerras hasta Marcos, Castro y Pinochet durante
la Guerra Fría, Putin y Chávez en el pasado más reciente, han justificado su
consolidación en el poder etiquetando a sus adversarios de amenaza existencial.
Algunas de las quiebras democráticas más trágica de la historia estuvieron
precedidas por una degradación de las normas básicas.
La polarización puede despedazar las normas democráticas y
cuando las diferencias socioeconómicas, raciales o religiosas dan lugar a un
partidismo extremo, en el que las sociedades se clasifican por bandos políticos
cuyas concepciones del mundo no solo son diferentes, sino, además, mutuamente
excluyentes, la tolerancia resulta más difícil de sostener.



