El Gobierno unió la resolución de la Fiscalía Departamental de La Paz sobre el caso fraude electoral y la sentencia 0052/2021 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para asegurar que la gestión de la expresidenta, Jeanine Áñez, fue un Gobierno de facto, pero al mismo tiempo no anulará toda la normativa que se generó en ese espacio de tiempo.

“El hecho de ser un gobierno de facto implica una sanción penal, reestablecer la democracia, no necesariamente implica que las normas emitidas en el Gobierno de facto sean expulsadas inmediatamente de la vida jurídica, es un proceso en el que se tiene que contrastar la seguridad boliviana o la sanción penal”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, en conferencia de prensa.

Jeanine Áñez gobernó el país entre el 12 de noviembre de 2019 y el 8 de noviembre de 2020. En 361 días de gestión Áñez firmó 1.075 documentos legales, entre leyes, decretos, decretos presidenciales y resoluciones supremas, muchas de las cuales se refieren a temas administrativos, como declaratorias de patrimonio, transferencias de terrenos. Ocho de estas normas fueron las que marcaron su mandato.

De acuerdo con la revisión de la Gaceta Oficial del Estado, su primer decreto fue firmado el 13 de noviembre, ese día la expresidenta debutaba con su primer decreto presidencial y designaba a su controvertido Alto Mando Militar, con el General, Sergio Orellana, como Comandante en Jefe de las FFAA. Al día siguiente emitiría un nuevo decreto, esta vez para nombrar a sus colaboradores del Gabinete de ministros.

Ahora el ministro Lima aseguró que gran parte de esas normas que firmó la expresidenta ya fueron derogadas y otro grupo de leyes serán elevadas al TCP para que se dicte si es legal o ilegal la norma. Recordó que el actual Código de Comercio, fue puesto en vigencia por el entonces presidente de facto, Hugo Banzer Suárez y la norma sigue vigente.

La autoridad dijo que esta Sentencia Constitucional formará parte de las pruebas que presentarán en contra de Áñez en los procesos que se ventilan en la justicia ordinaria y reiteró que debe haber un fallo en contra de la exautoridad en este año. Áñez enfrenta dos procesos en la justicia ordinaria, uno por supuesto incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución; el segundo es por supuesto terrorismo.