Hasta el 15 de septiembre, cuando el MAS había despachado al plenario de la Asamblea Legislativa todos los juicios de responsabilidades que estaban pendientes, la tendencia en el oficialismo era aprobar los cuatro procesos de privilegio planteados contra la expresidenta Jeanine Áñez.

A más de un mes, el escenario es distinto y la apuesta del partido de Evo Morales pasa por juzgarla por la vía ordinaria y sólo por la forma en la que accedió al poder el 12 de noviembre de 2019. El caso “Golpe de Estado”, como está registrado en los juzgados, no abarca el proceso legal por las masacres de Senkata no Sacaba, que precisamente está sujeto a un caso de corte, ahora congelado.

“No corresponde un juicio de responsabilidades a la Áñez y compañía. Estamos con una nueva Constitución y estamos en otros tiempos. Corresponde un juicio ordinario”, dijo Morales en su programa dominical de radio, emitido por Kawsachun Coca.

La declaración de Evo Morales se dio pocas horas después que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) divulgara su sentencia 052/2021 del 29 de septiembre de este año que declaró la inconstitucionalidad del ascenso de Áñez y negó el “vacío de poder”. De hecho, varios legisladores se reunieron el fin de semana en Cochabamba para evaluar el escenario jurídico y así cancelar el tratamiento de los juicios contra la expresidenta Jeanine Áñez.

El jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Gualberto Arispe, indicó que a partir de la sentencia se tendría que “ir por la vía ordinaria y no por la Asamblea”.

La decisión del MAS, que se evalúa hace varios días, molestó a los dirigentes que representan a las familias de las víctimas, heridos y fallecidos de Senkata y Sacaba. David Inca, representante de este sector, informó que este martes partirá una marcha de protesta desde Caracollo, distante a 196 kilómetros de La Paz, para exigir justicia por este caso.

“A nosotros no nos interesa el debate entre golpe de Estado y fraude, pues ese es un tema político. Lo que las víctimas necesitan es justicia y ya hemos advertido que este caso político avanza más rápido que el nuestro”, afirmó Inca en un contacto con EL DEBER.

El representante informó que la marcha está siendo coordinada con los afectados de Sacaba, “porque el Gobierno nos ha dado una respuesta a nuestro pliego petitorio que lo presentamos el mes de mayo”. Destacó la necesidad que se incluyan a más personas en las investigaciones y que el Gobierno proceda con la reparación integral a las víctimas.

Entre las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estaba la necesidad de levantar un censo de los afectados de la crisis política de 2019. Unas 20 personas murieron en Sacaba y Senkata por efecto de la intervención militar que se produjo el 15 y 19 de noviembre de 2019, respectivamente. “Ya son casi dos años y no se avanzó, a pesar de las recomendaciones de la GIEI”, afirmó el representante vinculado con la Asamblea de Derechos Humanos.

Inca también afirmó que, en el Tribunal de El Alto, donde se sustancia la causa por las 10 víctimas de Senkata se les ha pedido que se acrediten para ser parte del proceso. “Eso es una revictimización, pues, los nombres de las personas fallecidas y heridas están en los 18 cuadernos de la investigación”.

En el plano político, el expresidente Carlos Mesa y líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) cuestionó a Morales “por imponer la mentira del golpe” y el “fraude monumental”.

Carlos Mesa también fue encausado por el caso Quiborax con miras a un juicio de responsabilidades, pero el MAS necesita de dos tercios para aprobar ese proceso. De igual modo, debe superar ese nivel de legitimidad para que se autoricen los jucios contra Áñez.

La Ley 044 para el juzgamiento de altas autoridades establece que la autorización de los casos de corte debe contar con el apoyo de dos tercios “de los presentes”. Si los 130 diputados y 36 senadores asisten se requiere el respaldo de 111 legisladores y el MAS tiene 96.