Medio: El Diario
Fecha de la publicación: viernes 06 de julio de 2018
Categoría: Consulta previa
Subcategoría: Consultas en materia hidrocarburífera
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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Una acción de inconstitucionalidad será presentada en Sucre con la finalidad de frenar la exploración y la explotación de recursos hidrocarburíferos que se pretende realizar en la reserva natural de Tariquía, informó el senador Fernando Campero Paz.
Dicha acción será interpuesta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por lo que diferentes representantes del comité de defensa, acompañados del dirigente de la subcentral de Tariquía, Felicindo López, se trasladaron hasta la capital.
Con estas acciones, se pretende demostrar en términos legales, la inconstitucionalidad de cuatro contratos, dos de aceptación y otros dos de compromiso que realizó el Gobierno Nacional, con las empresas de Petrobras y YPFB-Chaco, en un acto público, el pasado 12 de abril en la ciudad de Tarija.
Paz manifestó que no se permitirá la actividad de explotación hidrocarburífera de las áreas San Telmo Norte y Astillero, que se encuentran ubicadas en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. Debido a que no se hizo la consulta previa como especifica la ley.
Por lo que se está presentando unas medidas cautelares para que, dichas empresas no puedan ingresar a la reserva mientras no salga la resolución de ley, mencionó.
ACCIONES LEGALES
El senador Fernando Campero prepara cinco acciones legales para presentarlas a diferentes instancias para frenar el ingreso de las petroleras a la reserva, argumentando que cualquier ingreso a Tariquia tiene un carácter inconstitucional.
“Son 5 las acciones legales que vamos a establecer ante el ejecutivo, Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y demás instancias legales pertinentes, para frenar el ingreso de las empresas petroleras a la zona de Tariquía”, manifestó.
Además explicó que la Acción Abstracta tiene por finalidad declarar la inconstitucionalidad de toda norma jurídica incluida en una ley, decreto o cualquier resolución no judicial que sea contraria a la Constitución Política del Estado.