Una nueva sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) genera polémica en el ámbito político nacional. El Gobierno, mediante el ministro Iván Lima, consideró que con ese fallo se ratifica que hubo “golpe de Estado” en 2019, mientras que Comunidad Ciudadana (CC) señaló que se trata de una “artimaña” de las autoridades jurisdiccionales y gubernamentales.

Áñez, vicepresidenta segunda del Senado en 2019, asumió la presidencia del Senado y del Estado el 12 de noviembre de ese año, bajo el criterio de que habían renunciado quienes le precedían en la línea sucesoria.        

La Sentencia 052/2021, si bien no menciona a Áñez, establece que el mecanismo de su sucesión Ipso Facto no se puede aplicar en las cámaras legislativas, incluyendo el Senado, y que la renuncia por Twitter de la entonces diputada Susana Rivero no era válida y continuaba como primera vicepresidenta de Diputados hasta que renunció formalmente el 14 de noviembre de 2019.

Lima explicó que, de acuerdo con la sentencia del TCP, el mecanismo Ipso Facto sólo procede para la sucesión del Presidente al Vicepresidente del Estado, y que las renuncias en el Legislativo deben presentarse de manera escrita y no por redes sociales.

Señaló que en 2019 Áñez no podía asumir la presidencia del Senado, y luego del Estado, de forma Ipso Facto, sino se debía sesionar para elegir una nueva directiva de la Cámara de Senadores, siempre y cuando se aceptara la renuncia de su entonces presidenta Adriana Salvatierra.

El Ministro afirmó que con esta sentencia, más las decisiones del Ministerio Público para cerrar el caso fraude electoral, concluye el debate sobre si en el país hubo un "golpe de Estado".

De parte de la oposición, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, dijo que la sentencia del TCP forma parte de una “artimaña” para establecer la hipótesis de que en el país existió un “golpe de Estado”.

“Obviamente como todo el aparato fiscal, judicial, tanto del tema constitucional, como la justicia penal está al servicio bajo los pies del gobierno, van a utilizar y manipular este aparato para generar está cacería de brujas”, alertó Alarcón.

El opositor, que es abogado constitucionalista, señaló que la reciente sentencia del TCP deja de lado la sentencia 001/2020, mediante la cual prorrogó los mandatos de Áñez y autoridades electas.

Consideró que el TCP actuó de manera prevaricadora y dolosa “en connivencia con el expresidente Evo Morales y el actual Gobierno del MAS para hacer creer a la opinión pública que la sucesión Ipso Facto automática, como se conoce solamente se aplicaría nivel del cargo presidencial”.

Señaló que la interpretación del Gobierno plantea una falsa analogía, porque de acuerdo con el reglamento de la Cámara de Senadores es atribución de la segunda vicepresidenta reemplazar en presidente y primer vicepresidente en caso de ausencia.

Alarcón también rechazó el criterio de que se debió elegir una nueva directiva del Senado antes de proceder a la sucesión presidencial. Explicó que la directiva ya se elige al comienzo de la gestión y que el reglamento establece la forma de reemplazar las vacancias que se generan de forma extraordinaria.

El ministro Lima señaló que los opositores acusarán a los tribunales de ser masistas por la reciente decisión y dijo que eso demuestra una falta razón en sus argumentos.