El Movimiento Al Socialismo (MAS) en sus diferentes gestiones gubernamentales cedió ante la presión de la sociedad, sin distinción de raza o color político. Reculó, anuló o abrogó, entre otros, normas que atentaban contra los intereses de los ciudadanos. Analistas consideran que el partido gobernante, a la fecha, no entiende que debe gobernar con la participación de la población, de toda la ciudadanía y no simplemente con sus acólitos. Alertaron a la ciudadanía de estar atenta a las leyes que se aprueban en el Legislativo, debido a que se introducen temas observados o tal vez decretos supremos o resoluciones.

El partido azul durante la administración del país enfrentó la furia de sus afines y no afines, debido a la aplicación de normas o proyectos, políticas que atentaban los intereses ciudadanos.

Entre estos, podemos mencionar el “gasolinazo” de 2010, la suspensión de la construcción de una carretera que buscaba atravesar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), la imposición de ocho horas de trabajo a los médicos, el Código del Sistema Penal, el proyecto de la ley antilegitimación, entre otros.

“En la administración del país en manos del MAS  se han dado momentos clave, en los que la movilización ciudadana, sin distinción, masistas, no masistas, ha puesto contra la pared al MAS por la intención de imponer políticas que atentan contra los intereses de los ciudadanos, la privacidad, violación de sus derechos fundamentales, entre otros”, sostienen los analistas.

“El MAS, antes con sus dos tercios, ahora con su mayoría, ya se ha acostumbrado a aprobar leyes sin consensuarlas”, indicó el abogado constitucionalista Marco Antonio Baldivieso.

“Pienso que ante estas normas, la gente poco a poco empezó a ver la magnitud de la norma, con defectos jurídicos, artículos lapidarios como una espada de Damocles que pende sobre la cabeza, no de unos cuantos ciudadanos, sino de todos, por lo que salen a defender sus derechos y evitar que se atente contra el pueblo”, señaló el abogado Omar Durán.

El abogado constitucionalista Paul Antonio Coca dijo que el Gobierno considera que todas las movilizaciones contra normativas u otras medidas son de carácter político y promovidas por la derecha.

“Son movimientos de protesta, protección de intereses de las personas, que no responden a ninguna línea, están involucrados todos”, dijo.

“Gasolinazo”

En diciembre de 2010, el Gobierno de Evo Morales con el argumento de proteger la economía, dar fin a la subvención de los combustibles, determinó un fuerte gasolinazo que movilizó a la ciudadanía.

El 26 de diciembre de 2010, el gobernante MAS aprobó  el Decreto Supremo 748 que determinó el incremento del precio de la gasolina especial de 3,74 a 6,47 bolivianos, de la gasolina premium de 4,79 a 7,51 bolivianos y del diésel de 3,72 a 6,80 bolivianos. Una escalada de precios de entre el 57% y el 82%, pero congeló el precio de la garrafa de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y del Gas Natural Vehicular (GNV).

La información fue dada a conocer por el entonces vicepresidente Álvaro García, en tanto Morales se encontraba en Venezuela.

La respuesta popular no se hizo esperar. Se produjo un masivo rechazo de toda la población, pese a que las autoridades gubernamentales salieron a aminorar el efecto del incremento de los precios con el anuncio de un aumento de un 20% en el haber mínimo nacional y en los sueldos de la Policía, las Fuerzas Armadas, los trabajadores de la salud y de la educación, entre otras promesas. 

Sectores afines al MAS, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la “Bartolina Sisa”, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia y la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), expresaron su apoyo al aumento de los combustibles. 

Estos no frenaron los paros y las movilizaciones callejeras en los departamentos del occidente del país, bastiones electorales del MAS. 

Mineros de Huanuni, maestros urbanos y rurales, juntas vecinales, amas de casa, organizaciones departamentales y locales de fabriles exigieron la derogación de la norma.

Agobiado por los movimientos, Morales se vio obligado a abrogar el decreto, argumentando que debía “gobernar obedeciendo al pueblo”.

Tipnis

En agosto de 2011, los indígenas del Tipnis  iniciaron una marcha hacia La Paz para demandar la paralización de la construcción de la carretera Villa Tunari (Cochabamba)-San Ignacio de Moxos (Beni).

El 26 de septiembre de ese año, los marchistas fueron reprimidos de manera violenta, pero no se frenó la movilización.

Los indígenas llegaron a la sede del gobierno y fueron recibidos por una gran multitud.

Ante esto, el gobernante MAS se vio obligado a emitir la Ley 180 de Intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.

Pero el Gobierno esperó unos años para llevar adelante una consulta previa e informada, cuestionada, para proceder con la construcción de la carretera.

En agosto de 2017, Morales promulgó una norma que aprobó el Legislativo. Esta anula la intangibilidad del Tipnis y posibilita la carretera.

Médicos

En enero de 2012, el Gobierno de Morales emitió el DS 1126 que obligaba al sector sanitario a trabajar ocho horas en lugar de seis diarias,  pero sin reconocer los derechos consagrados en la Ley General de Trabajo. Los médicos llevaron adelante paros y movilizaciones hasta llegar a una huelga indefinida.

Después de masivas movilizaciones que se extendieron por más de un mes, el entonces presidente Morales se vio obligado a dejar sin efecto el decreto supremo, pese a que se intentó debilitar la medida de los galenos con la habilitación de médicos que estudiaron en Cuba.

Código Penal

El 15 de diciembre de 2017, en su calidad de presidente en ejercicio, Álvaro García promulgó el nuevo Código del Sistema  Penal, a pesar de las protestas masivas del sector médico en contra de la penalización a la mala praxis profesional, establecida en el artículo 205 de la nueva normativa.

A 20 días de promulgado el Código, el 4 de enero de 2018, el Gobierno decidió derogar el artículo 205, además del 137, que era rechazado por los transportistas. La protesta médica duró casi 50 días, 

Pese a que bajó la tensión con estos dos sectores, otras organizaciones y plataformas ciudadanas exigieron la abrogación de toda la normativa, debido a que se identificaron otros artículos controversiales.

El 21 de enero, el presidente Evo Morales anunció la abrogación del Código y el  25 se  promulgó una ley corta que consumó el anunció.

Ley  antilegitimación

El último retroceso, en cuanto a normativas, fue el anuncio de retiro del proyecto de la ley 218  de antilegitimación de ganancias, ante la escalada de descontento de varios sectores, por considerarla inconstitucional.

Este proceso y archivo definitivo del documento será oficial, una vez que la Cámara de Senadores considere la solicitud del Ejecutivo, instancia revisora del proyecto ya aprobado en Diputados.

MESA DENUNCIA ATAQUE A OPOSICIÓN

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, a través de su cuenta de Twitter, señaló que “es evidente que el PL218 no tiene el objetivo de combatir el enriquecimiento ilícito; se crea como forma de persecución, chantaje y exacción contra quienes piensen diferente y se nieguen a ser sometidos. La receta la da GLinera, Arce obedece y la ALP ejecuta.  #NoMASAbuso’.

CÓDIGO ABROGADO

Al estudiarse con mayor detalle los más de 700 artículos del Código del Sistema Penal Boliviano, diversos sectores encendieron sus alarmas y denunciaron los supuestos graves problemas de varios artículos. 

Los médicos cuestionaron el artículo 205. Fue la chispa que encendió la protesta contra el nuevo Código.

Los transportistas, el artículo 137; los periodistas, los artículos 309, 310 y 311; los comerciantes, el artículo 174 y 175; los ambientalistas, el artículo 101, y los grupos religiosos, los artículos 88 y 157.

Asimismo, activistas y opositores señalaron los artículos 293 y 294.

Por otra parte, senadores opositores criticaron que el Código reducía las sanciones para los microtraficantes de droga, por lo cual –dijeron– se protege a quienes incurren en estos ilícitos.

Como era habitual, el oficialista MAS, que tiene dos tercios de los votos en ambas Cámaras, no permitió que se consensue ninguna de las secciones de la norma y el Código fue aprobado por la aplanadora azul.

EN LA MIRA LA 1386

Luego del anuncio del retiro del proyecto de ley 218, Comunidad Ciudadana (CC) pide la abrogación de la Ley 1386 (Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo), promulgada por el presidente Luis Arce el 16 de agosto de este año, porque define al sector informal como uno de riesgo para las actividades delictivas de legitimación de ganancias ilícitas.

El numeral A.3 de los Anexos (Informalidad e Inclusión) de dicha norma señala:

“Objetivo Estratégico: Fortalecer el conocimiento del sector informal con el fin de identificar la incidencia de la informalidad en los riesgos de LGI/FT y compatibilizar los controles LGI/FT con las políticas estatales.

Acciones a Desarrollar: conformar una Comisión para desarrollar un diagnóstico del sector informal que permita identificar la magnitud de actividades informales y su incidencia de los riesgos de LGI/FT en este sector”.

EL MAS PUEDE USAR OTRA NORMATIVA PARA SOMETER

REDACCIÓN CENTRAL

Los abogados Paul Antonio Coca, Marco Antonio Baldivieso y Omar Durán sostienen que el gobernante MAS sufrió un duro revés, pero que la población debe estar atenta, toda vez que para llevar adelante su objetivo de control puede emitir decretos supremos, resoluciones supremas u otros y no necesariamente esperar una ley que salga del Legislativo.

“En base a un decreto supremo, normativa que puede generar la ASFI, resoluciones normativas de impuestos nacionales u otros, puede ser una estrategia que ha utilizado el MAS. Sí, ha sufrido un duro revés, lo que no quería era que haya en las calles más sectores con más peticiones”, sostuvo Coca.

Baldivieso sostiene que en el Legislativo se aprueban las normas sin que se entere la población y que es sorprendida por un paquete de leyes sin recibir previa información.

“Lamentablemente, existen normas que ni el ciudadano conoce, ni siquiera nosotros los abogados (...) Hay leyes cortas que parecen inofensivas, pero tienen unos anexos, que es lo que no se lee y lo que no se encuentra en las páginas virtuales”, sostuvo  y dijo que el ciudadano está en completa indefensión.

Según Durán este proyecto se encuentra en reserva, por lo que en cualquier momento el masismo puede agarrar y aprobar con su mayoría sin objeción.