Medio: Opinión
Fecha de la publicación: lunes 18 de octubre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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El presidente Luis
Arce, que hoy conmemora un año de su triunfo en las urnas junto al Movimiento
Al Socialismo (MAS), tiene una semana conflictiva desde tres frentes, pero
también se preparan festejos para esta fecha en la que sectores afines al
partido en función de Gobierno destacan la inversión pública y la reactivación
económica alcanzada.
En Santa Cruz, las
entidades públicas preparan una fiesta popular en el obelisco del Plan Tres
Mil, donde expresarán su agradecimiento al jefe de Estado por el trabajo y la
estabilidad económica. Asimismo, reafirmarán su compromiso para seguir con el
trabajo en favor del pueblo.
El 18 de octubre de
2020 se realizaron las Elecciones Generales y los resultados finales
confirmaron la victoria de Arce, en primera vuelta, con el 55.10% de los votos.
El descontento
social de algunos sectores creció en los últimos días y genera tensión.
El primero conflicto
es por una ley que es considerada atentatoria contra la economía de los
bolivianos por el control de sus ganancias.
Desde el Gobierno,
niegan este extremo y acusan a la oposición por desinformar, sin embargo, esto
no frena las movilizaciones que se organizan para esta semana, luego de un paro
cívico, marchas y bloqueos en diferentes regiones del país que obligaron al
retiro del proyecto de Ley 218 Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas,
Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva o No Convencionales.
La ministra de la
Presidencia, Maria Nela Prado, destacó la medida asumida con el objetivo de
evitar mayores conflictos.
Sin embargo, la
tensión continúa. Ahora la lucha es por la ley 1386 de Estrategia Nacional de
Lucha Contra la legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del
Terrorismo que está en vigencia desde el 16 de agosto.
Gremialistas del país
confirmaron un paro general para este jueves con suspensión de actividades,
cierre de fronteras en coordinación con el autotransporte y comités cívicos,
entre otras organizaciones. Dieron un plazo de 72 horas, desde hoy, para
abrogar dicha norma.
El ministro de
Economía, Marcelo Montenegro, reiteró la invitación al diálogo a sectores que
activaron un estado alerta y reiteró que un paro ocasionaría una pérdida
económica para el país de $us 112 millones por día. Aseguró que con la ley se
busca cuidar el flujo económico y no ingresar a la lista gris y negra de
organismos internacionales referidos al lavado de dinero, que es altamente
perjudicial para el Estado y su actividad económica comercial.
A su turno, el
ministro de Defensa, Edmundo Novillo advirtió que como gobierno nacional serán
muy firmes para evitar que "grupos de poder y sus operadores
políticos" paralicen y destruyan la economía nacional utilizando paros y
bloqueo de caminos.
“Queremos decirles
de manera franca y categórica: como Movimiento al Socialismo, como gobierno de
la revolución democrática y cultural, somos un fuerte regimiento en el país,
estamos en el gobierno nacional, en los gobiernos departamentales, estamos en
nuestras organizaciones sociales y queremos decirles que como gobierno nacional
vamos a ser muy firmes. En el marco del Estado de Derecho vamos a evitar por
todos los medios que nuestro país sea azotado, paralizado y víctima de la
destrucción económica de estos grupos de poder”, dijo al canal estatal Bolivia
Tv.
OTRAS PROTESTAS
Para hoy se tiene
prevista una protesta de los productores de hoja de coca de los Yungas que
rechazan la legalización de un tercer mercado de la hoja milenaria de una
facción dirigida por el dirigente considerado afín al MAS, Arnold Alanes.
El fin de semana se
halló material explosivo en el hospital de la Asociación Departamental de
Productores de Coca (Adepcoca) que se presume iba a ser utilizado en las
movilizaciones de hoy.
También están los
indígenas de tierras bajas y altas que se encuentra en Santa Cruz a la espera
de la presencia de las máximas autoridades de Gobierno para buscar una solución
a sus demandas.
Ayer, según reporte
de Unitel, firmaron una alianza con el sector de los campesinos de los Yungas y
preparan una nueva línea de acción.
Hace 37 días comenzó
un movimiento (XI Marcha Indígena), a la cabeza de Marcial Fabricano, su
principal líder, demandando respeto a su territorio, como parte de su agenda de
14 temas.
LA ECONOMÍA
Novillo, al
referirse al año del triunfo electoral de Arce, destacó la lucha del “pueblo
movilizado” tras la renuncia del expresidente Evo Morales y la anulación de las
Elecciones Generales de 2019, en busca de un nuevo Gobierno que represente a
las organizaciones, así como la consolidación de la gestión con la reactivación
económica y la mejora de la inversión pública.
El Primer Mandatario
también se refirió a su gestión en la reactivación económica, a través de sus
redes sociales.
“La economía se
reactiva de forma sostenible y el incremento de las recaudaciones tributarias lo
demuestran. Solo el aporte tributario de la construcción y obras públicas
creció más del 80% entre enero y septiembre de 2021 y llegó a Bs 948,3
millones”, escribió.
A su turno, el
titular de Economía confirmó el crecimiento del primer trimestre del año en un
9.4% apuntalado por los sectores de minería, transporte, construcción
hidrocarburos, consumo de electricidad, comercio y la industria manufacturera.
Destacó que Bolivia
se encuentra en el tercer lugar en crecimiento económico en Sudamérica, detrás
de Perú y Argentina.
Mencionó otros
signos de la recuperación económica como el incremento en las importaciones,
creación de empleos, construcción de viviendas, incremento de las
recaudaciones, baja del desempleo y un repunte de las exportaciones.
También se refirió
al incremento en la creación de nuevas empresas que pasó de 8.371 a 13.502, lo
que representa una subida porcentual del 61% y las exportaciones que pasaron de
$us 4.200 millones a $us 7.000 y el balance comercial que alcanza $us 1.360 millones.
Desde noviembre de
2020, el Gobierno implementó una serie de políticas y medidas económicas y
sociales para reactivar la economía y el aparato productivo del país, que,
asegura, se vieron afectados por las decisiones durante la gestión de la expresidenta
Jeanine Áñez y la pandemia de la COVID-19.