La Procuraduría General estableció este viernes que no hubo fraude en los fallidos comicios electorales de 2019 tras finalizar un análisis de cinco días de revisión de las actas de ese proceso en ausencia de la oposición y el órgano electoral del país.

«No ha existido fraude electoral en las elecciones del año 2019 y que Bolivia no es un país fraudulento», fue la conclusión del procurador, Wilfredo Chávez, que fue abogado del expresidente Evo Morales, durante un acto en El Alto.

Chávez dio por concluida la labor de «análisis de actas» iniciada el pasado lunes, que estuvo a cargo de estudiantes de último año de la estatal Universidad Pública de El Alto (UPEA) y que se registró en un software de «sistema cerrado» diseñado por la misma Procuraduría.

Algunos detalles

Chávez destacó que la revisión de 34.555 actas electorales de los comicios observados por la Organización de Estados Americanos (OEA) se efectuó prácticamente en cinco días y que incluso podía haberse tardado menos.

El funcionario aseguró que en la primera jornada se revisaron 5.000 actas de las que «apenas siete tenían observación» aunque no brindó detalles de si en las restantes hubo o no alguna observación de relevancia.

El procurador defendió la competencia de esa instancia no electoral para hacer esa revisión y que esto servirá «como evidencia para trabajar» en procesos judiciales.

También mencionó que se trató de contactar «personas a quienes se decía que han hecho fraude en su mesa», según el informe de la OEA, pero tampoco especificó los resultados de cuántos casos son, ni si realmente se confirmaron o descartaron las irregularidades.

Críticas a la OEA y sin opositores

Como ocurrió en el inicio del análisis de actas, Chávez cuestionó la labor de la OEA a la que acusó de no seguir los pasos de una auditoría, de no analizar todos los reportes de mesas y de haber supuestamente observado 226 actas, lo que calificó de «ridículo».

«La OEA tenía que hacer eso, ha traído 33 personas para hacer ese trabajo, creo que han tomado café pero su trabajo no lo han hecho», dijo Chávez, que además criticó que ese organismo haya tardado alrededor de 20 días en entregar su informe.

También cuestionó la ausencia de los líderes de la oposición como los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, además del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a quienes dijo se invitó públicamente, si bien sus respectivas organizaciones negaron haber recibido una invitación formal.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel, dijo hace unos días que por el principio de «preclusión» los actos pasados «ya no se revisan» y los análisis posteriores «no tienen ningún efecto» más que el que «quieran darle los interesados».

El diputado Alejandro Reyes, de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) del expresidente Mesa, consideró que el análisis de la Procuraduría fue «un teatro barato» que «está costando caro» a los bolivianos.

Ambiente partidario

Al acto de este viernes, denominado «Acta por Acta, democracia y verdad», asistieron el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, el ministro de Educación, Adrián Quelca, y representantes de organizaciones sociales afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

Destacó un grupo que recibió entre aplausos y gritos de apoyo al procurador cuando llegó al acto y que celebraba algunas aseveraciones en su discurso.

Al inicio, se colocaron en algunas butacas imágenes de opositores con sus nombres completos a los que colocaron una pronunciada nariz que simbolizaba la mentira, pero que se retiraron apenas llegaron los primeros medios de comunicación.

También asistió la exdiputada oficialista Lidia Patty, denunciante del caso llamado «golpe de Estado» por el que está encarcelada la expresidenta interina del país Jeanine Áñez, quien fue recibida entre aplausos y se le asignó un asiento en primera fila.

El análisis de la Procuraduría se suma al estudio del «Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE» de la Fundación General de la Universidad de Salamanca de España solicitado por la Fiscalía y que sirvió para que se cierre el caso «fraude electoral» a fines de julio pasado.