Al presidente Luis Arce no le sirvió de nada la marcha forzada de los empleados públicos el 12 de octubre y menos su triunfalista proclama: “les ganaremos también en las calles”, porque terminó rindiéndose a los dos días no ante una marcha opositora, sino ante el anuncio de una marcha para la próxima semana.

Pero él no tiene importancia en esta “tabiada”. Es el exvicepresidente Álvaro García Linera quien estaba esperando que la ley confiscatoria de la propiedad privada fuera aprobada para que los de “la derecha” pierdan todo, comenzando por sus viviendas, siguiendo por sus cuentas bancarias y todo lo que tuvieran.

El cocalero Morales, que tampoco está en la jugada porque no podrá ser candidato en 2025, también estaba esperando que la ley provocara la tensión suficiente para que se rompa la democracia y, de alguna manera, se llame a elecciones para el próximo año, con él como candidato.

Los del “entorno” eran los más ansiosos, porque esperaban que la solución por el desastre les permita volver a sus pegas junto al cocalero, ahora que saben con certeza que en 2025 no tendrán esperanza alguna.

Pero la derrota que engloba a todos ellos es la derrota del proyecto de instaurar el socialismo en el país, como ha estado repitiendo el presidente Arce, con lo que demostró que no es solamente desorejado cuando canta, sino también cuando hace propuestas políticas.

Porque, sinceramente, ¿a quién se le puede ocurrir venir a proponer el socialismo ahora, cuando los ejemplos de Cuba y Venezuela son la mejor propaganda en contra?

Y, peor todavía, quién puede venir a proponer el socialismo a los bolivianos, de los cuales 8 de cada 10 son empresarios privados, algunos muy pequeños, es cierto, pero privados, como dicen todas las estadísticas.

Aquí hubo, además, una descoordinación muy evidente.

El Gobierno no aclaró lo suficiente que la ley era exigida por organismos internacionales deseosos de poner un freno a la infiltración de dinero del narcotráfico en la política. No podía aclarar, por supuesto que, aprovechándose de esa exigencia, se proponía convertir esa ley en un arma para combatir a sus rivales políticos.

Y cuando se necesitaba que nadie moviera la arena, viene Linera y dice que para acabar con “la derecha” es preciso arrebatarle sus propiedades empresariales, sus viviendas y sus cuentas bancarias: exactamente lo que podía hacer el Gobierno con la ley confiscatoria de la propiedad privada.

Si los gremialistas estaban listos para iniciar las protestas en todas las calles del país, que ellos ocupan todos los días con sus negocios, y los choferes habían decidido ir al paro de 24 horas, las palabras del exvice los convencieron que debían cumplir la amenaza.

Fue cuando Arce decidió retirar del Parlamento el proyecto de ley, con lo que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) se quedó con los crespos hechos después de haber creado la categoría de “persona expuesta políticamente” y haber ordenado a las notarías vigilar a esas personas.

Lo que queda pendiente ahora es que estos comandantes de pacotilla informen a sus socios del extranjero que el comunismo no podrá ser impuesto en Bolivia porque la gente no aceptaría jamás que todo lo que existe en el país sea de propiedad del Estado.

Deberán decir a sus mandantes que este país no está para esa clase de jugarretas inventadas por quienes proponen aplicar, pero sobre todo administrar en persona, como cosa propia y con estilo feudal, la “dictadura del proletariado”.