Ver al presidente Arce como principal agitador de una concentración masista, convocando a la confrontación callejera, retrata bien la estatura de un liderazgo que, sin siquiera atender integralmente las crisis sanitaria y económica, ha optado por mantener y exacerbar la polarización. Si en 11 meses el Gobierno no ha asumido el mandato de las urnas —pandemia, reactivación económica y pacificación— es muy difícil esperar que preste atención a la agenda democrática pendiente: la lucha contra la impunidad y la corrupción, la construcción de institucionalidad, la reforma integral de la justicia, la erradicación de la violencia machista, y la protección del medio ambiente.

Se está chorreando el 55% electoral, y está creciendo la desconfianza ciudadana que pone en sospecha toda decisión gubernamental, presumiendo la culpabilidad autoritaria de sus personeros. Por eso se rechazó el proyecto de ley sobre “ganancias ilícitas”, retirado este jueves 14, pese a que tenía que aprobarse “sí o sí hasta mediados de noviembre”.

Es que era un proyecto no solo inconstitucional y sospechoso, sino flagrantemente probatorio de la visión autoritaria del Gobierno. Como los medios de comunicación difundieron, el proyecto atentaba contra la privacidad y el patrimonio de todas las personas, ponía en riesgo la libertad eliminando la presunción de inocencia y el derecho a la defensa y, para consumar la indefensión ciudadana, suprimía el control jurisdiccional sobre los fiscales, convertidos en empleados de la ASFI.

Ni siquiera había la premura de cumplir acuerdos internacionales ya que, como demostró el abogado Ramiro Orías, el Estado boliviano sigue incumpliendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que exige, para efectivamente luchar contra el lavado del dinero ilícito, un sistema de administración de justicia, sólido, idóneo e independiente, impermeable no solo a la corrupción de las grandes fortunas mal habidas, sino también a la manipulación de gobiernos autoritarios que utilizan una supuesta lucha contra la delincuencia para invadir la libertad individual, controlar a la sociedad y perseguir a la oposición política.

Es que no es confiable ya un Gobierno que utiliza la fuerza policial para asaltar la propiedad privada de los cocaleros de La paz y entregársela a un bando sin representatividad, al tiempo que se ignora y desprecia oficialmente a una sacrificada y pacífica marcha de pueblos indígenas del oriente. Difícil confiar en un Gobierno que, al tiempo de negar una verdadera reforma judicial, convive cómodo con una cúpula judicial genuflexa, donde desaparecen sentencias y expedientes, o donde se expiden fallos y comunicados a la carta y al gusto de cada gobierno autoritario.

Seguramente los expertos del GAFI, que llegarán al país a fines de noviembre, se espantarán de nuestras “capacidades nacionales de lucha contra el crimen”, cuando verifiquen que los jueces y fiscales carecen de idoneidad e independencia, y que los funcionarios de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), del Ministerio de Finanzas o de la Contraloría son improvisados militantes del partido de gobierno sin perfil profesional alguno.

Con liderazgo y confianza a la deriva se nubla el horizonte, no tanto del Gobierno, sino del país que, aproximándose a los dos años del estallido de la crisis, no encuentra la salida. La principal responsabilidad es del oficialismo, pero también en la oposición hay señales de resurgimiento de visiones peligrosas, encarnadas en el “liderazgo” de algunos cívicos cruceños o de su gobernador, que están amenazando acabar con “los trapos” y “los cuervos” en un “segundo round”, olvidando que el primero lo perdimos todos con 37 muertes, centenares de heridos y el desquiciamiento entero del país.

No podemos aceptar que el liderazgo opositor lo asuman mentes reaccionarias, perfectamente funcionales al masismo y que le hacen gran daño a Santa Cruz. Y por ello desalienta ver a personalidades democráticas mezcladas con gente retrógrada. Después de 39 años de vida democrática, ya no es deglutible eso de que la “unidad” se construye tragando sapos y culebras, que luego indigestan definitivamente a los proyectos alternativos.

Sí, cavando trincheras tampoco saldremos del hueco, pero la construcción de una oposición distinta pasa por restablecer el horizonte al que apuntamos, que no es otro que el de la inclusión, el protagonismo popular, la tolerancia democrática, el Estado de derecho, la soberanía del voto y la producción de riqueza sostenible.