Las acciones del Gobierno y del oficialismo en las pasadas semanas sorprenden solo a medias, pues corresponden al modo de gobernar que se anunciaba hace un año. Lo que sorprende más es cómo —especialmente en los últimos siete días— ha crecido el abismo que separa a gobernantes de gobernados, y la impresión de que los primeros carecen de un plan de gestión concebido al menos para el mediano plazo.

La obcecación oficialista de imponer un proyecto de ley cuestionado y rechazado, para luego decidir retirarlo de su tratamiento legislativo, es solo la parte más visible del modelo de gestión que el MAS trazó para el gobierno de Arce desde antes de que este asumiera la presidencia.

Hace un año, proclamados los resultados oficiales de las elecciones y entregadas las credenciales a los nuevos parlamentarios, la Asamblea Legislativa saliente, la misma que dirigió el país junto con el Gobierno transitorio, modificaba los reglamentos de debates de las dos Cámaras. Esa maniobra no solo cambió los necesarios dos tercios de votos para aprobar leyes, sino que también dejó inerme a la oposición para intervenir en la formulación de nuevas normas o al menos modificar los proyectos en debate.

Ese modelo de imponer decisiones sin apertura alguna al diálogo no solo rige en el Legislativo. Es el modus operandi del Gobierno, un ejemplo de ello es que, en casi un año de gestión, el Presidente no se reunió con los empresarios privados, y ellos generan del 40% del PIB boliviano.

La rigidez de ese modo de gobernar autoritario se fue imponiendo a medida que las iniciativas erráticas e individuales —como el intento temprano, y frustrado, del Ministro de Justicia para reformar la justicia, o el actual afán del Procurador en tareas que no le competen— evidenciaban la carencia de un plan de gestión: hasta hoy, el Presidente no ha presentado un programa de reactivación económica integral, ni siquiera para un año.

Arce, que fue ministro de Economía durante más de una década, es elocuente cuando se trata del tema, pero casi siempre en retrospectiva y para atribuir la crisis al Gobierno transitorio que, según él, destruyó en 11 meses la magnífica obra de 14 años. Pero nada dice de que las decenas de empresas estatales creadas en ese tiempo son generadoras de deudas, no de riqueza.

El Presidente es también comunicativo cuando se trata de anunciar la llegada de vacunas contra la Covid-19, que no nos faltan —lo que es un logro, pero con contratos confidenciales. Y es aún más elocuente cuando evoca el 55% de votación que obtuvo en las elecciones, calificando de “golpistas” a quienes cuestionan las decisiones de su gobierno.

Así solo ahonda la brecha entre gobernantes y gobernados. Una brecha que se amplió lo suficiente como para articular un rechazo a sus iniciativas legislativas. Ese rechazo crece y se organiza mejor.