El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, interpretó ayer que la sentencia 052/2021 del Tribunal Constitucional (TCP) “ratifica” que en Bolivia en 2019 “hubo un golpe de Estado”. En tanto, el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, dijo ayer tras revisar con 40 estudiantes 35 mil actas electorales en cuatro días, que definitivamente “no hubo fraude electoral”.

Con esas dos conclusiones, el Gobierno pretende instalar su versión de que en Bolivia en 2019 hubo “golpe de Estado” y enterrar el caso fraude electoral para acelerar los procesos penales y juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta Jeanine Áñez. Pretenden procesar además a otros supuestos involucrados en “caso golpe” como el exmandatario Carlos Mesa.

Lima pidió que, con esa sentencia del TCP, la justicia ordinaria actúe pronto, se entable el juicio oral y se tenga este año, “lo más pronto posible”, una sentencia penal contra Áñez en “el marco del debido proceso”.

El jueves, el diputado del MAS Juan José Jauregui dijo que planteará un proceso contra el expresidente Mesa, por su papel en la suspensión de los comicios cuestionados del 20 de octubre de 2019. La conclusión de Chávez de que no hubo fraude electoral, si bien no tiene efecto legal alguno, servirá al oficialismo para allanar el camino y empezar procesos.

La Sentencia 052/2021 del TCP, si bien no menciona a Áñez, establece que el mecanismo de sucesión ipso facto no se puede aplicar en las cámaras legislativas, incluyendo el Senado, y que la renuncia por Twitter de la entonces diputada Susana Rivero no era válida y continuaba como primera vicepresidenta de Diputados hasta que renunció formalmente el 14 de noviembre de 2019.

Lima explicó que, de acuerdo con la sentencia del TCP, el mecanismo ipso facto sólo procede para la sucesión del Presidente al Vicepresidente del Estado, y que las renuncias en el Legislativo deben presentarse de manera escrita y no por redes sociales.

Señaló que, en 2019, Áñez no podía asumir la presidencia del Senado, y luego del Estado, de forma ipso facto, sino se debía sesionar para elegir una nueva directiva de la Cámara de Senadores, siempre y cuando se aceptara la renuncia de su entonces presidenta Adriana Salvatierra.

La anterior semana, el ministro Lima manifestó que espera una sentencia de 12 años de cárcel contra Áñez en el transcurso de este 2021.

Lima afirmó que, con esta sentencia, más las decisiones del Ministerio Público para cerrar el caso fraude electoral, concluye el debate sobre si en el país hubo un golpe de Estado.

De parte de la oposición, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, dijo que la sentencia del TCP forma parte de una “artimaña” para establecer la hipótesis de que en el país existió un “golpe de Estado”.

“Obviamente, como todo el aparato fiscal, judicial, tanto del tema constitucional como la justicia penal está al servicio bajo los pies del Gobierno, van a utilizar y manipular este aparato para generar está cacería de brujas”, alertó Alarcón.

El opositor, que es abogado constitucionalista, señaló que la reciente sentencia del TCP deja de lado la sentencia 001/2020, mediante la cual prorrogó los mandatos de Áñez y autoridades electas.

Por su parte, el líder opositor de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, manifestó que “la incongruencia y mala fe del TCP no tiene límites. La posesión de J. Áñez fue automática, no por la renuncia, sino por la fuga de Morales a México que dejó vacante la presidencia. Por esa razón la posesión fue inmediata y automática”, en su cuenta de Twitter.

Resultado de “revisión de actas” favorece a Morales

La Procuraduría General del Estado realizó ayer el acto de conclusión de la revisión de actas de las elecciones de 2019; sin embargo, el informe final será puesto a disposición posteriormente en un “par de días”.

El procurador Wilfredo Chávez aseguró que en la tarea se cotejó el cómputo de 2019 con las actas publicadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin entrar en detalles, Chávez señaló que el dato final de la revisión es el mismo que emanó el TSE.

Anunció que “en un par de días” se pondrá a disposición el informe final de la revisión.

Chávez reveló también que hubo observaciones. En particular, indicó que, de las 5 mil actas revisadas en el primer día de trabajo, se encontró siete actas que no eran legibles, por lo cual se solicitó al TSE que aclare un método de validación.

El Procurador recordó los sucesos de 2019 que llevaron a las acusaciones de fraude electoral y la auditoría de la OEA.

Recalcó que la OEA no hizo una “auditoría”, sus resultados fueron cuestionados por investigadores internacionales y que el organismo no hizo el trabajo que ahora realizó la Procuraduría.

“Puedo decir con franqueza que no ha existido fraude electoral en las elecciones de 2019 y Bolivia no es un país fraudulento”, aseveró.

Explicó que ha decidido realizar esa tarea porque la labor de la Procuraduría es la defensa del Estado y consideró que las acusaciones de fraude afectaban al país.

“Un TCP que trabaja a la carta”

El abogado y político Germán Gutiérrez, cuestionó ayer la sentencia 0052/2021 del Tribunal Constitucional que da a entender que la sucesión —sin mencionarla— de Jeanine Áñez no fue constitucional; no obstante, ese mismo tribunal avaló en noviembre de 2019 la presidencia de la entonces mandataria. “El TCP el día de hoy opera como un restaurante a la carta: lo que le piden, hace, y puede cambiar de la noche a la mañana su opinión, ciertamente con argumentos poco serios, poco válidos”, dijo Gutiérrez en entrevista con ANF. Dijo que cualquier cambio en la jurisprudencia constitucional “tiene que ser un cambio debidamente fundamentado, debidamente argumentado y sólidos”.