El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la sentencia 0052/2021, consideró que la proclamación de Jeanine Añez como presidenta del Estado, el 12 de noviembre de 2019, no fue constitucional y que por esa razón no hubo vacío de poder.

Partes de la sentencia indican que el mecanismo de sucesión ipso facto sólo sirve en caso de renuncia del Presidente del Estado y que asuma el Vicepresidente, pero no así en las cámaras legislativas, debido a su reglamento.

“El Tribunal Constitucional Plurinacional sentenció que la denominada sucesión ipso facto sólo se aplica para la Presidencia del Estado, de acuerdo con el artículo 169 de la CPE. (…) Esta figura no es aplicable para el caso de la presidencia de la Cámara de Diputados, debiendo toda renuncia ser tratada y aceptada en el Pleno Camaral, aclarando que este reemplazo temporal no significa que el reemplazante se inviste (adjudica) el cargo de presidente”, se lee en el comunicado del TCP.

La decisión del TCP se encuentra plasmada en el recurso director de nulidad interpuesto por la diputada Margarita Fernández (UD) contra la diputada Susana Rivero (MAS) por haber emitido un comunicado y una resolución camaral.

El ministro de Justicia, Iván Lima, en torno a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional en conferencia de prensa ratificó que hubo un golpe de Estado en 2019, luego de la autoproclamación de Jeanine Añez a la presidencia.

“Ha hablado el TCP mediante la sentencia 52/2021 que ha ratificado que en el país hubo un golpe de Estado. Esta explicación es contundente, la sucesión ipso facto sólo procede entre el presidente y vicepresidente”, sostuvo.

Dijo que la determinación judicial analiza la situación de las renuncias de senadoras y diputadas registradas en 2019, y precisa que quienes ejercieron los cargos de la primera y segunda vicepresidencia de las cámaras Alta y Baja no podían asumir la presidencia del país.

Lima anunció que la determinación judicial será incorporada en un proceso penal iniciado contra Añez por la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

“Como lo habíamos señalado, debía salir en un término inmediato porque ya se ha agotado la presentación de la prueba y con esta sentencia esperemos que la justicia actúe pronto y tengamos en lo posible en este año, lo más pronto posible, una sentencia en el marco del debido proceso”, agregó.

El titular de Justicia dijo que las opiniones que surjan a partir de ahora por el caso deberán ser vertidas de manera responsable y serán respondidas, refutadas y debatidas en todos los ámbitos porque “ya no es admisible que se le siga mintiendo al pueblo boliviano”.