Parlamentarios del oficialismo lamentan que algunos grupos sociales como los gremiales asuman decisiones en interés de la oposición política, esto ante el anuncio de este sector de un paro de 48 horas desde este lunes, ahora en demanda de la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

El senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS) William Tórrez lamentó que los gremialistas, transportistas, entre otros, tomen una decisión errada que conlleva a la confrontación política y que está aparejada a los intereses de la oposición.

“No es posible que los compañeros gremialistas estén tomando una decisión errada que más tiene connotación política y pareciera que va aparejada a los intereses de la oposición política, fundamentalmente de Luis Fernando Camacho y el expresidente Carlos Mesa, que es uno de los que ha alentado junto a Rómulo Calvo  para intentar encontrar impunidad frente a las denuncias que pesan en su contra por el golpe de Estado en 2019”, afirmó.

Para el diputado Sandro Ramírez, la oposición (Comunidad Ciudadana) continúa utilizando a estos sectores sociales para generar movilizaciones cuando los bolivianos quieren que el país mejore en temas de salud, educación y la reactivación económica.

“Nos llama la atención que después de que el Gobierno decidió retirar el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas ahora quieran la abrogación de la Ley 1386. Este es un pedido que hizo Comunidad Ciudadana con los mismos argumentos que ahora reclama el sector de los gremiales encabezado por Francisco Figueroa”, aseguró.

El dirigente de los gremiales indicó que el paro de 48 horas de este lunes será replicado en todo el país y amenazó con instalar piquetes de huelga de hambre, marchas y de ser necesario el cierre de fronteras si sus exigencias no son atendidas por el Gobierno.

La protesta coincide con la demanda planteada por Comunidad Ciudadana que, a través de su jefe de bancada, Carlos Alarcón, presentó un proyecto para la abrogación de la Ley 1386 por considerarla atentatoria contra el sector informal de la economía.