En el reciente viaje del presidente Morales al Vaticano se evidenció una vez más que allá, donde vaya, hay ciudadanos bolivianos para recordarle que el pueblo se manifestó en forma definitiva el 21 de febrero de 2016 para que no haya más reelección, mucho menos indefinidamente. 

 Y es que los bolivianos tenemos cultura democrática. A pesar de las dictaduras de los 60-80 y los gobiernos militares de los siglos XIX y XX, la mayor parte de nuestra vida republicana moderna hemos vivido en democracia. Este es un logro que costó muchas vidas, cárceles, exilios y persecuciones, de esas que creíamos olvidadas hasta el 2006, pero que han crecido en forma preocupante en el actual gobierno.

La actual dicotomía democrática se escenifica entre quienes exigen que el Gobierno cumpla con el pronunciamiento del 21F, por un lado, y, por el otro, los que quieren mantener indefinidamente un gobierno indolente, autor de una y mil obras innecesarias, de un despilfarro interminable de los recursos del Estado, que entrega “chequecitos” de 42,6 millones de dólares a una empresa chilena sin que se les sonroje la cara, que, en fin, parece que no ha entendido la principal función de la política, que es el servicio al pueblo y a los bolivianos.

 Habría que preguntarle a los defensores de esta última opción: ¿para qué quieren seguir en el Gobierno? ¿Tienen programa de lo que quieren hacer en los próximos quien sabe cuántos años? Porque si se trata de seguir con lo realizado durante los últimos 12 años; No, gracias, la mayoría de los bolivianos cree innecesario continuar con este “experimento” de cambio para que nada cambie. Si no, pregúntele a los enfermos de cáncer que no pueden ser atendidos porque el régimen invirtió en sectores superfluos y abandonó la salud y la educación; o a los estudiantes de la UPEA, que no logran un incremento apropiado en su presupuesto, o a muchos otros, por no decir casi todos los sectores sociales que no fueron atendidos en sus justas demandas.

 El 21F no sólo es una genuina expresión de la voluntad popular, es un parte aguas de la democracia boliviana. Hay un antes y un después de ese hecho. La soberanía del pueblo se expresó con meridiana claridad pero, además, fue el inicio de un nuevo despertar de la sociedad, que se encontraba adormilada o creía en las demagogias y discursos populistas, llegando al convencimiento de que Morales y su gobierno traicionaron la esperanza por mejores días para todos los bolivianos.

 El otro aspecto de la lucha por el 21F es legal, porque no sólo existen los pronunciamientos de la Comisión de Venecia, el Secretario General de la OEA y otras instancias internacionales, que desechan el presunto “derecho humano” a la reelección indefinida, sino que, además, el fallo del TCP va contra la CPE, que prohíbe la reelección indefinida. También está en contra de la jerarquía de las normas constitucionales establecida en el artículo 410 parágrafo II que señala que la CPE está en primera instancia y tienen prioridad frente a convenios internacionales, como el Pacto de San José, argumentado para emitir el fallo mencionado. En otras palabras: los magistrados del TCP invirtieron inconstitucionalmente dicha jerarquía.

 Hay toda una teoría de derecho constitucional acerca de cuál norma debe tener precedencia en la legislación interna: si el derecho interno (CPE y leyes nacionales) o el derecho internacional, conformado por convenios y tratados internacionales. La mayoría de las naciones, incluida Bolivia, adoptó el modelo que da prioridad a las leyes nacionales por sobre los convenios de carácter internacional. En consecuencia, el argumento del TCP para dar legalidad a la reelección indefinida no solo es una interpretación antojadiza del artículo 23 del Pacto de San José, sino que, además, es violatoria de las normas previstas en la CPE.

 La campaña de los movimientos ciudadanos, universitarios, cívicos y de muchos otros sectores se ha fortalecido en las últimas semanas; prácticamente no hay lugar en el que estén los primeros mandatarios y no tengan que escuchar Bolivia dijo NO, al extremo que la agenda del Presidente se ha vuelto clandestina para evitar a los “molestosos” manifestantes.

 Ya ni fuera de Bolivia, Morales puede viajar tranquilo. En lugares tan alejados, como Moscú y Roma, ciudadanos bolivianos se han dado modos para expresar su descontento por el desconocimiento del 21F, y en la propia oficina del Papa, el Presidente ha tenido que ver y escuchar a activistas nacionales. En otras palabras, la lucha por el respeto a los resultados del 21F se ha internacionalizado y cobra cada vez mayor vigor. Queda pendiente la resolución de la CIDH que puede ser un espaldarazo al veredicto del 21F. Si hay un derecho humano que debe ser respetado, es el de la mayoría del pueblo boliviano.