Decididos a parar la actividad minera en áreas protegidas y tierras comunitarias de origen (TCOs), la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILP), anunció movilizaciones para exigir a las autoridades de gobierno una reforma estructural a la Ley de Minería No. 535 y la liberación de tres indígenas recluidos en una cárcel de forma “ilegal, arbitraria y mentirosa”.

“Vamos a reunirnos el próximo 28 de noviembre en el pueblo de San José de Uchupiamonas para desatar una estrategia indígena destinada a modificar la Ley de Minería, y revertir todas las solicitudes de explotación minera”, informó Gonzalo Oliver, presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILP).

Como parte de el estado de emergencia que declaró la organización indígena, Oliver recordó que el pasado 29 de septiembre aprobaron un voto resolutivo por el cual exigieron al Ministerio de Minería, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), dispongan, de inmediato, la “paralización y anulación de las cuadrículas mineras solicitadas por empresas unipersonales, cooperativas y otros dentro de los territorios indígenas y áreas protegidas”.

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La urgencia de tomar acciones obedece también a la necesidad de preservar la vida, indicó Oliver, ya que la usurpación de tierras a los indígenas lo que hizo fue “atentar contra nuestro derecho a la vida, a la libre existencia, a la consulta libre, previa e informada, derecho al medio ambiente sano, pero ante todo, a la propiedad colectiva”.

Según el dirigente indígena son personas ajenas a las TCOs, que se apropian de tierras y vulneran los derechos y garantías constitucionales que tienen los indígenas, que además están reconocidos por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El voto resolutivo también pidió a la AJAM, nacional y departamental, otorguen derechos mineros preferentes a los pueblos indígenas que viven en los territorios.

Libertad para tres indígenas

Oliver también denunció que los indígenas: Isidro Flores Capiona, Héctor Flores Capiona y Noemi Sito Mullisaca, recluidos en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz por presuntas actividades extractivas ilegales de minerales en la comunidad de Correo, perteneciente al pueblo Leco de Apolo, en el Norte de La Paz, el pasado 8 de octubre, sean liberados en un plazo de cinco días.

“No hacerlo precipitará una movilización masiva la próxima semana, llevaremos adelante una marcha hasta la ciudad de La Paz para exigir el cumplimiento de la Ley”, alertó.

La justicia dispuso en tiempo récord la detención y posterior aprehensión sin que tengan pruebas fehacientes de la imputación que hizo el Ministerio Público, dijo el dirigente.

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“Lo que estaban haciendo Isidro, Héctor y Noemi, es cuidar su territorio para que no ingrese una cooperativa minera a la zona, pero la AJAM y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), interpretaron al revés y acusaron a los indígenas de prácticas ilegales de minería cuando en los hechos no es así”, declaró Oliver.

Incluso denunció que funcionarios del gobierno “sembraron pruebas en contra de los indígenas cuando utilizaron parte del combustible que llevó la empresa hasta la zona para explotar minerales, para sacar fotos e involucrar a los indígenas”, denunció.

“Hay falsedad en toda la acusación y hemos denunciado está situación incluso al Senado”, apuntó.