¡La mesa está servida para un debate condimentado por una buena dosis de susceptibilidad y anacrónicas circunstancias! El proyecto de Ley de Organizaciones Políticas (LOP) presentada  a la Asamblea Legislativa Plurinacional recoge el aporte de diversidad de actores políticos, sociales  y especialistas convocados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para concertar una propuesta equilibrada que contribuya al mejor funcionamiento de las Organizaciones Políticas (OP) y del sistema político en su conjunto.  

 Paradójicamente, llega en un momento marcado por el inocultable descrédito, en la región y el mundo, de  esta institución política,  reconocida como imprescindible para alcanzar la titularidad de poder en toda democracia representativa. Democracia representativa, que sigue siendo la columna vertebral sobre la que se sostienen las formas participativas y comunitarias de la “democracia intercultural”.

 En Bolivia,  a la crisis de la forma partido y estructuras afines, se suma un déficit de legitimidad de origen. Los partidos no terminaron de arraigarse en una sociedad proclive a validar a organizaciones sindicales, cívicas y otras funcionales, y corporativas como los genuinos protagonistas de la lucha  política en el país desde antes y después de la instauración de la democracia.  

 Muchos desahucian la aprobación de la LOP por no ser prioridad para el partido oficialista. Por ahora, dos son los temas que cobran mayor visibilidad pública. Por un lado, el MAS ha expresado su rechazo al eventual financiamiento estatal indirecto, mientras otros sospechan que la propuesta de implantar elecciones primarias “internas” y vinculantes para  la nominación del binomio presidencial sería una maniobra  que dé luz verde a  la cuarta postulación inconstitucional del presidente Morales. 

 Pese a la aclaración de  que las primarias no entrarían en vigor para las elecciones del año 2019 y que sería una  aberración subordinar principios constitucionales a la voluntad de una “mayoría partidaria”, las  dudas del bloque opositor son razonables en un contexto de persistente desacato a la ley por parte del MAS y la Conalcam.

 La propuesta de primarias es interesante pero hacerlas cerradas, con carácter vinculante,  obligatorio y simultáneo  plantea riesgos.  No toma en cuenta la debilidad de las OP ni la cultura clientelar  y caudillista que coloca murallas a una auténtica democracia interna, al desarrollo institucional, y al respeto de estatutos convertidos en papel mojado.  Entre la reticencia ciudadana a asumir una militancia activa  y las posturas antipartido, una primaria interna  cerraría el paso a ponderar  la preferencia ciudadana respecto a los perfiles de los candidatos de organizaciones políticas o de coaliciones.

  Por otra parte, la idea de financiamiento público a las OP no es bienvenida ni popular. Sin embargo, la gente que se opone  no prevé los efectos perversos de su ausencia sobre la democracia plural y la competencia electoral en igualdad de condiciones. Si asumimos a la política como un bien público a proteger y no una mercancía, la idea cobra sentido. 

 Contribuye a transparentar los presupuestos de la política, a controlar y  ponerle límites a los gastos de campaña. El principio de garantizar condiciones iguales de competencia política también se vulnera ante el incumplimiento de normas que prohíben y sancionan el uso de recursos públicos con fines electorales por las  OP en función de gobierno.  

 Es imperativo que el TSE asuma un rol activo para erradicar prácticas clientelares que deforman la construcción institucional y el funcionamiento de las OP y de la democracia misma. Para evitar la privatización de la política debiera impulsarse el financiamiento mixto indirecto y el fortalecimiento de una institución históricamente esquiva y cuestionada.

 De no hacerlo, la futura LOP estaría condenada a regular una realidad simulada; es decir, la precaria existencia institucional de las OP, convertidas en maquinarias electorales, con una vida orgánica inexistente o en siglas de alquiler con vigencia aparente; o, lo que es peor,  de OP que los colectivos ciudadanos se resisten reinventar con el sentido de oportunidad política que demanda la inminente coyuntura electoral y que el MAS, con sus pulsiones hegemónicas y burocracias sindicales, se empeña en asfixiar.

Erika Brockmann Quiroga es politóloga y fue parlamentaria.