El Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade) emitió este sábado un comunicado en el que insta a la población a mantenerse en un “estado de alerta y emergencia”. Esto, en respuesta a los pronunciamientos realizados en los últimos días por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la Procuraduría General del Estado (PGE) y la Fiscalía respecto a la supuesta falta de fraude en las elecciones de 2019 y la presunta inconstitucionalidad de la presidencia de Jeanine Añez. 

“El Conade denuncia la destrucción de la institucionalidad en Bolivia donde los órganos del Estado como son el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Fiscalía y la Procuraduría carecen de independencia y han decidido ponerse al servicio de los intereses del Gobierno del MAS y sus pretensiones de imponer un régimen autoritario, discriminador y corrupto”, escribió el organismo. 

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“Alertamos a la población de que el Gobierno está propiciando peligrosamente un quiebre en las bases institucionales del Estado Plurinacional, poniendo en riesgo la convivencia pacífica en el país. Como Conade llamamos a la población a mantener el estado de alerta y emergencia ante posibles acciones del gobierno que vayan en contra de las decisiones tomadas por el soberano. Cualquier intento de ruptura del orden democrático, será encarado con la fuerza del pueblo movilizado en defensa de la democracia”, consta. 

El TCP emitió el viernes una sentencia en la que considera que la proclamación de Jeanine Añez como presidenta del Estado, el 12 de noviembre de 2019, no fue constitucional y que, por esa razón, no existió vacío de poder.

"El TCP sentenció que la denominada sucesión ipso facto sólo se aplica para la Presidencia del Estado, de acuerdo al artículo 169 de la Constitución Política del Estado (...) debiendo toda renuncia ser tratada y aceptada en el Pleno Camaral, aclarando que este reemplazo temporal no significa que el reemplazante se inviste (adjudica) el cargo de Presidente", se lee en el comunicado publicado por el TCP.

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Esta resolución se produjo casi de forma paralela al final del análisis de las 34.555 actas electorales de 2019, tras lo cual el Procurador General del Estado (PGE), Wilfredio Chávez, concluyó que “no ha existido fraude en las elecciones de 2019 y que Bolivia no es un país fraudulento”. 

Al respecto, el Conade sentenció: “Es una puesta en escena de algo absurdo, acerca de un fraude electoral consumado y que ha sido demostrado y refrendado por la comunidad internacional. Las elecciones de 2019 fueron anuladas por fraude y dicho proceso abrió paso al gobierno de transición constitucional y la convocatoria a elecciones el año 2020. Punto final de la historia”. 

Tres días atrás, a su vez, los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de 2019 fueron sobreseídos por la supuesta comisión de delitos electorales, según dispuso el fiscal del departamento de La Paz, William Alave. Una decisión que fue rechazada por el comité al tratarse de una resolución que consideran “parcializada y destinada a lavar la cara de Evo Morales”.